´La decisión del Consell es una temeridad´

R. F. VALENCIA
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial advirtieron de que la decisión de la Generalitat Valenciana de no aumentar la plantilla y esperar a intentar resolver el problema en septiembre "es una imprudencia" porque "no se puede mantener un juzgado paralizado con más de cinco mil ejecutorias en trámite". Otro miembro del Poder Judicial admitió que la solución es crear el servicio común de ejecutorias aprobado hace dos años, pero que "no se termina de aplicar".
El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial apuntó en marzo en un informe que el juzgado de lo Penal número 14 de Valencia sufría un "grave colapso" y alertó del riesgo que se corría por la posibilidad de que algún condenado volviera a delinquir. Los inspectores incidieron en "la imposibilidad" de que la juez realizara su trabajo con garantías.
El Poder Judicial, tras examinar el documento, acordó el 2 de marzo informar a favor del refuerzo del juzgado de lo Penal número 14 de Valencia con seis funcionarios. El problema es que la decisión del CGPJ no es vinculante y el mantenimiento de la plantilla depende de la voluntad de la Conselleria de Justicia, que paga a todos los funcionarios salvo al juez y al secretario. Fuentes del Poder Judicial indicaron que "si pasa algo ya será responsabilidad de la Conselleria de Justicia" por no reforzar la plantilla.

Preocupación
El gran temor de los jueces es que se vuelva a repetir el caso Mari Luz, la niña asesinada por un pederasta que seguía libre. Las responsables del juzgado trasladaron en junio al director general de Justicia su preocupación por la posible desprotección de las víctimas de violencia machista y le recordaron el caso Mari Luz. La magistrada precisó que durante dos meses no podría tramitar 4.200 condenas.