Justicia quiere resolver en septiembre el bloqueo de 33 órdenes de protección

RAMÓN FERRANDO VALENCIA La Conselleria de Justicia aseguró ayer que intentará resolver en septiembre los problemas de plantilla del juzgado que acumula 33 órdenes de protección de maltratadas sin ejecutar. La falta de reacción del Consell implica que el juzgado seguirá dejando sin protección a las víctimas de malos tratos. El número de mujeres sin la orden activada crecerá en agosto ya que la juez sólo dispone de un funcionario para ejecutar las sentencias de violencia machista.
Los magistrados de Valencia confesaron ayer estar "hartos" de los recortes de personal y la aparente falta de interés de la Conselleria de Justicia en resolver el problema del juzgado de lo Penal número 14 de Valencia. El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, ha advertido de la situación siete veces en los últimos tres meses a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, pero no ha recibido ninguna contestación de la conselleria. Los magistrados insisten en que sin funcionarios no pueden ejecutar las sentencias.
Levante-EMV contactó ayer con la Conselleria de Justicia para conocer si tiene intención de aplicar un plan de choque para garantizar la protección de las maltratadas o va a dejar hundirse al juzgado. Una portavoz apuntó que el director general de Justicia, Antonio Gastaldi, "tiene previsto plantear en septiembre una reestructuración de plantilla" para resolver el problema. La conselleria lleva dos años anunciando que va a unificar el servicio de ejecutorias. Este diario intentó sin éxito obtener la versión del presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, a través del gabinete de prensa de los jueces.

2.450 condenas paralizadas
El juzgado de lo Penal número 14 de Valencia, como ayer adelantó este periódico, acumula 33 órdenes de protección tras haber perdido a seis de los siete funcionarios que tramitaban las condenas de violencia machista. La situación ha llegado a tal extremo que actualmente hay paralizadas 2.450 condenas y 200 casos -entre ellos los 33 de violencia machista- ni siquiera se han incoado (no se ha iniciado ningún trámite).
Fuentes judiciales incidieron ayer en que lo más indignante es la "falta de contestación de la Conselleria de Justicia" a las siete peticiones que han hecho en los últimos tres meses a través de la sala de gobierno del TSJ. El director general de Justicia sí comunicó de forma extraoficial a la juez que la Conselleria de Economía no autorizó el refuerzo de personal del juzgado.
La magistrada tiene actualmente en trámite 5.753 condenas. Algunas causas son de sentenciados que tienen pendiente el ingreso en prisión con penas de hasta cinco años y otras de condenados por abusos a menores en la calle. Fuentes de la Ciudad de la Justicia aseguraron que casi la mitad de las condenas "están absolutamente paradas" porque el juzgado no da abasto.

Seis de veinticuatro
Todos los juzgados de ejecutorias de Valencia cuentan con 27 funcionarios salvo el número 14 ya que nació con una plantilla de 14 porque estaba destinado a ser un órgano judicial normal. Hasta hace un mes tenía 24 funcionarios, 9 fijos y 15 interinos. La Conselleria de Justicia informó a la juez y a la secretaria de que a partir del 30 de junio iban a perder a siete interinos porque no había presupuesto para pagar a más. La situación actual, que se ha visto agravada por las vacaciones, es que sólo hay seis funcionarios trabajando.
"Los juzgados de ejecutorias de Madrid o Barcelona disponen de treinta funcionarios. La situación del Penal número 14 es insostenible. Así no puede continuar. Es una pena porque con la creación de un nuevo juzgado en Paterna y otro en Torrent iba a mejorar la ejecución de las sentencias", señalaron ayer fuentes judiciales. Los magistrados creen que la falta de autorización de la Conselleria de Economía "es una excusa" e insisten en que sólo piden "trabajar en condiciones".
Fuentes cercanas al juzgado de lo Penal número 14 precisaron ayer que "el retraso medio para ejecutar las sentencias a partir de ahora es de dos meses". La consecuencia directa es que el juzgado no comunicará hasta dentro de sesenta días a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los treinta y tres casos con condena firme de violencia machista para que la policía adopte los mecanismos de protección y para que los sentenciados comiencen a cumplir sus condenas. La juez y la secretaria confían en que continúen en vigor las medidas provisionales de tutela a las víctimas que debió adoptar el juzgado de Violencia sobre la Mujer, pero no tienen la certeza de que esté garantizada su protección.
El problema también afecta a las condenas por delitos contra la seguridad del tráfico. Hay un centenar de condenas contra conductores sin ejecutar. El juzgado tampoco ha iniciado la investigación patrimonial de los condenados para que hagan frente a las indemnizaciones.

Esquerra Unida tilda al Consell de irresponsable y exige explicaciones
La coordinadora de Esquerra Unida y diputada autonómica, Marga Sanz, señaló ayer que la desprotección de 33 maltratadas en un hecho de "muchísima gravedad. La ?inoperancia de la conselleria y su incapacidad para cubrir la falta de personal en el juzgado están poniendo en peligro la vida de muchas mujeres maltratadas. La consellera Sánchez de León tiene que dar explicaciones de forma inmediata en las Corts y atender urgentemente esta situación".
Sanz considera que la acumulación de expedientes y el retraso en los trámites "son la consecuencia de una gestión nefasta que deja a la Justicia en una situación extremadamente preocupante. Lo más grave es que la Conselleria de Justicia alegue falta de presupuesto como justificación para no contratar a más personal y prescindir del que había". La portavoz de EUPV señaló que la consellera parece que "ni siente ni padece ante estas situaciones sumamente graves que pueden tener consecuencias demoledoras". Además, lamentó que estos casos continúen sucediendo mientras el Consell malgasta el dinero.