Pedreira deja en manos de la sala de TSJM la exclusión del PP en el proceso Gürtel

JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
El magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha rechazado el recurso del PSPV en el que los socialistas reclamaban la exclusión del PP en la causa por considerar que los populares incurren en fraude procesal ya que, personados como acusación popular, ejercen realmente de defensa. El juez, no obstante, no ha entrado en el fondo del planteamiento de los socialistas y deja en manos de la misma sala del TSJM la decisión sobre la continuidad del Partido Popular en el proceso.
El PSPV pidió la salida del PP del proceso en sus alegaciones al recurso de los populares contra el primer auto de Pedreira en el que se inhibió en favor del TSJ valenciano al entender que existía conexión entre el caso Gürtel y los presuntos regalos de trajes a dirigentes del PP, entre ellos, al presidente Camps. En su segundo auto, Pedreira volvió a rechazar las pretensiones de los populares pero obvió la petición del PSPV. Entonces los socialistas recurrieron ese segundo auto del juez pidiendo la exclusión del PP. Pedreira ha resuelto que, como el el PSPV no recurrió su primera resolución, no puede hacerlo contra la segunda, e indica que, en todo caso, esa petición podrá formularla directamente a la sala del TSJM cuando el PP apele. De este modo, será la sala del alto tribunal madrileño la que resuelva si el partido de Rajoy continúa en el proceso, ya que los populares han presentado la apelación y, según fuentes socialistas, el PSPV reiterará a los jueces de Madrid su petición.

"Vergüenzas éticas"
Ayer, el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, comparó la estrategia del PP en Gürtel con el régimen franquista, tras las declaraciones del portavoz popular, Rafael Blasco, en las que defendió que Camps "no puede cuestionarse más que por el voto de los ciudadanos" debido a su gestión. "Ya hace falta tener un cuajo suficientemente hecho como para contraponer la poca importancia de la corrupción a la eficacia de la gestión", lamentó Luna, quien recordó que este discurso ya se utilizaba con Franco.
Acusó a los popular de dedicarse a "dilatar y confundir" en el proceso, con el objetivo de provocar el "hastío" en la opinión pública, buscando la "banalización de la corrupción". Y elevó la crítica a Rajoy al denunciar que éste, al condicionar la candidatura de Camps a la actuación de la Justicia, "está poniendo también al aire sus vergüenzas éticas porque está realizando un cálculo exclusivamente electoral". Si Rajoy tuviera claro que Camps ha de ser el candidato, "ya lo habría dicho claramente", aseveró el portavoz socialista. En su opinión, la conexión del caso Gürtel y los trajes "es evidente". "A Camps no le regalaban trajes en 2003", asestó.


Respuestas clónicas como la "indicación" de contratar con El Bigotes
Ni en el más genial de los relatos de Borges cabe imaginar que trece consellers puedan redactar y firmar la misma respuesta por escrito idéntica, palabra por palabra, a unas preguntas parlamentarias sobre los expedientes de enriquecimiento injusto derivados de los impagos a los proveedores, las llamadas "facturas en los cajones", entre 2005 y 2009.
La portavoz adjunta socialista Cristina Moreno comparó las "respuestas orquestadas" que ha recibido a la "presunta indicación" de Presidencia para que todas las conselleries "contrataran con El Bigotes". Y se preguntó si es "el mismo [en alusión al presidente Camps] que luego no es responsable de nada y envía al juez una lista de más de 200 dirigentes del PP como responsables de contratar con Orange Market, poniéndolos a los pies de los caballos".
La parlamentaria denunció que, de las respuestas, se desprende que todas las conselleries han tenido facturas en los cajones. Sin embargo, el Consell no da ninguna información al respecto, en lo que constituye, dijo, un "grave acto de opacidad". El Ejecutivo sólo apunta que no ha expedientado a nadie por el pago de estos costes financieros. No es un tema menor, advirtió Moreno, quien recordó que el Síndic, sólo en 2008, habla de 846 millones en expedientes de enriquecimiento injusto.