El Supremo archiva la querella de una firma de basuras contra Azorín

LEVANTE-EMV VALENCIA
El Tribunal Supremo ha archivado la querella contra Juan Pascual Azorín, senador del PSOE, ex presidente del PSPV y ex alcalde de Elda por los presuntos delitos de prevaricación y coacciones, al entender que no pudo acreditarse que el senador impidiera la entrada de camiones cargados de residuos procedentes de Valencia a un vertedero eldense.
Los hechos se remontan a 2005 cuando la empresa Limpiezas Urbanas Mediterráneo, SL, propietaria del vertedero ubicado en un lugar denominado "Las Cañadas", presentó una querella contra Azorín, actualmente senador, por haber ordenado supuestamente a la Policía Local que impidiera la entrada de camiones cargados con residuos. El entonces alcalde argumentó que la labor realizada por la Policía Local fue de "controlar" posibles vertidos tóxicos en el vertedero.
Dos años después, el Juzgado de Primera Instancia de Elda dictó un auto de sobreseimiento contra la querella al considerar que la actuación policial "se ajustó a la legalidad".
Posteriormente, la mercantil elevó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana , que también fue desestimado.
De esta manera, el alto tribunal ratifica el archivo de la causa decretado por el juzgado de instrucción número 4 de Elda el 26 de junio de 2008 y rechaza el recurso de apelación presentado por Limpiezas Urbanas Mediterráneo, SL. El recurso ha sido resuelto por el Tribunal Supremo, puesto que Azorín pasa a tener la condición de aforado tras ser elegido senador en la presente legislatura.
En sus razonamientos jurídicos, los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo subrayan que el Ministerio Fiscal solicitó que se pusiera término al proceso con efectos análogos a los de la sentencia absolutoria por ser evidente la inexistencia de delito al entender que "no existía base probatoria para estimar acreditado que por parte del alcalde se emitiera la orden de impedir el acceso de los camiones al vertedero".
Tampoco la acusación pública considera ilegal la actuación de la Policía Local, ya que según afirma el fiscal "el control policial a la entrada del recinto se había establecido como consecuencia de las manifestaciones que ciudadanos de la localidad de Elda estaban realizando aquellos días tras la denuncia efectuada por un edil de la Unión para el Progreso de Elda, que alertaba del posible vertido de residuos tóxicos".