Los pagos millonarios del Consell de Zaplana a tres empresas radicadas en paraísos fiscales por supuestos gastos de organización de los recitales que Julio Iglesias ofreció por cuenta del IVEX no respondían a servicios realmente prestados sino que presuntamente eran la fórmula pactada bajo mano para que el artista cobrara la diferencia entre el contrato oficial (375 millones de pesetas) y el "B", que elevaba los emolumentos a 990 libres de impuestos.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia apunta, en un auto demoledor en el que levanta el archivo del caso decretado por el juez instructor, que muchas de esas facturas millonarias libradas especialmente por las firmas International Concerts y Midway International por los conciertos de Orlando y México "parece ser que no encuentran su respaldo en servicios realmente prestados, sino que han surgido con la finalidad de amparar o dar cobertura a los pagos a los que el IVEX se hubo obligado en la Carta de Intenciones IVEX-Julio Iglesias de la Cueva". La Carta de Intenciones es el nombre con el que se designó el contrato "B", que fue escondido a la opinión pública y a la Sindicatura de Comptes y firmado justo después del oficial.

La resolución, en la que se ordena al juez Presencia Rubio que reabra la investigación y cite a declarar a Julio Iglesias y a su representante Luis Fernando Esteban, entre otros, ve claros indicios de que en la ejecución del contrato se pudo haber cometido un delito de falsedad documental en la facturación de al menos esos dos recitales (celebrados en marzo de 1998 y abril de 1999) como medio para cometer otro delito de "malversación de caudales públicos". Este último, con independencia de cómo se lucró el cantante y si alguien cobró comisiones. Porque, según jurisprudencia citada en los razonamientos jurídicos del auto, "el delito de malversación (É) es un tipo penal que no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a estos". Se precisa que la entidad perjudicada sea, obviamente, pública. Y el IVEX lo es sin ninguna duda para la Audiencia Provincial, una condición que viene dada por "su objeto social" y la "procedencia de gran parte de los fondos para su funcionamiento".

El auto reactiva la causa iniciada hace cinco años y medio con una querella interpuesta por los letrados del PSPV, José Luis Vera y Virgilio Latorre, después de que Levante-EMV había revelado el contrato "B", cheques, transferencias a cuentas como la de UBS en Nassau y docenas de documentos y facturas hinchadas (las del evento de Orlando) o enteramente falsas, caso de México, los dos puntos que constituyen el epicentro del escándalo.

En el caso de Orlando, IVEX-Valencia emitió un cheque de 325.000 dólares por los supuestos gastos de organización de aquel concierto. "No parece que la orden de pago tuviere respaldo en servicios prestados con ocasión del evento de Julio Iglesias en Orlando", advierte el auto. El entonces delegado en Miami, José Marquina, denunció, en una entrevista en este diario y después ratificó ante el juez, que desde las oficinas de la Plaza de América de Valencia le ordenaron hinchar los gastos (que realmente ascendieron a 210.000 dólares) para justificar el cheque de 325.000, con la intención de justificar la salida de dinero de la caja del instituto. El efecto bancario se emitió a favor de Strategies and Solutions, la empresa de Marquina, quien no se quedó ni un centavo y endosó el efecto de cobro a favor de International Concerts para que el dinero acabara, como casi siempre, en el Caribe.

El entonces responsable de delegaciones, Faustino Salcedo, estaba al corriente de todo, según Marquina, y le presionó hasta preguntándole cuándo vencía su contrato con el IVEX. De hecho, no renovaron a Marquina y, paradojas de la vida, fue precisamente Salcedo quien fue a sustituirlo en las oficinas de Brickell Avenue en Miami.

Si los pagos por la misión comercial a la feria Coverings de Orlando están en tela de juicio, los de México, por gastos de organización del recital ofrecido en el Auditorio Nacional el 10 de abril de 1999, parecen un invento desde el primer dólar. "Se duda de la autenticidad de las facturas en cuestión, así como también de las que pretenden amparar los pagos a la misma entidad". En el auto se cita expresamente una relación de cinco facturas por un total de 520.875 dólares. Es una parte de los 1,8 millones de dólares que costó aquel sarao al Consell sólo por gastos de organización y sin contar la parte proporcional de repercusión del caché de Julio Iglesias, que cobró al principio de la gira.

El delegado ni se enteró

Debería haber salido a coste cero porque el delegado del instituto en el país azteca, Vicente Sendra, acordó con una empresa local (Rac Producciones) cederle gratis al artista a cambio de que esa firma asumiera todos los gastos de montaje con la condición de que cediera al IVEX las entradas que necesitara para su campaña comercial entre el empresariado y los políticos locales. Sendra se enteró por este diario que desde Valencia se hicieron pagos a una empresa Irlandesa, Midway International, que no hizo nada y de cuya existencia no tenía ni idea, según relató al juez.

Sobre el particular, la Audiencia es contundente: "Los pagos efectuados por el IVEX a Midway International por el evento de México (É) no han quedado debidamente justificados, no pareciendo que fuere adecuado que debiere satisfacer los mismos si, como se ha dicho, se hicieron efectivos por Rac Producciones". Recoge otras cuatro facturas por 300.000 dólares cuya autenticidad considera más que sospechosa.