Las Corts acatarán el fallo del Constitucional y obligarán al Consell a informar de Gürtel

JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
El Consell de Camps, aunque sea forzado por el Tribunal Constitucional, tendrá que responder en las Corts sobre los contratos y pagos a la trama Gürtel. Según avanzó ayer un portavoz de la Cámara, la Mesa del Parlamento acatará el fallo del Tribunal Constitucional y en su primera reunión de septiembre, el día 7, admitirá a trámite las 30 iniciativas de Compromís, la mitad preguntas sobre el caso Gürtel, que en 2009 fueron vetadas por el órgano de gobierno de las Corts, controlado por el PP. El alto tribunal, tal como adelantó ayer Levante-EMV, ha condenado a la Cámara valenciana al considerar que se vulneraron los derechos fundamentales de los parlamentarios al rechazarse las iniciativas sin aportar una motivación adecuada. Sobre el papel, la Mesa podía haber mantenido el veto aunque razonándolo, más allá de reproducir el artículo del reglamento en que se ampararon los rechazos, pero el varapalo del TC y la falta de argumentos de fondo han obligado a los populares a rectificar ya.
El mismo portavoz de la institución avanzó que en septiembre la Mesa "tendrá conocimiento de la sentencia" y dará curso a las preguntas en las que Compromís instaba al Consell a informar sobre los contratos y pagos a las empresas de la red Gürtel, la contaminación de una firma en Mislata, la adjudicación de licencias de radio y TV y el plan de seguridad del polígono de El Serrallo (Castelló), además de una proposición no de ley para reconocer al que fue conseller de Cultura republicano, Francesc Bosch i Morata. La Mesa vetó estas iniciativas alegando que se referían "a una persona jurídica o física que no tiene trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma", mientras en la propuesta, que incide en el debate sobre la memoria histórica, materia que escuece en el PP, se decidió que el contenido "no es propio" de una iniciativa de estas características. El TC, en la tercera condena a las Corts por vulnerar derechos de la oposición, falla que los vetos sin una motivación adecuada suponen una "restricción ilegítima" de las facultades de los parlamentarios y, tras anular los acuerdos de la Mesa, obligaba a resolver de nuevo sobre la admisión.
Ayer, el portavoz de Compromís, Enric Morera, y la portavoz adjunta Mònica Oltra reclamaron la dimisión de los tres responsables populares que impusieron el veto, la presidenta, Milagrosa Martínez, el diputado y actual secretario general del PPCV, Antonio Clemente, entonces vicepresidente de la Cámara, y la secretaria primera, María Fernanda Vidal. "No han cumplido la Constitución y han permitido que se condene a las Corts por vulneración de derechos fundamentales, lo que es un deshonor y los inhabilita para seguir en la vida pública", aseveró Oltra, abogada de profesión e impulsora de los recursos, cansada de que el PP usara su mayoría para vetar en la Mesa las iniciativas incómodas para el Ejecutivo. Morera, firmante de las preguntas sobre Gürtel, enfatizó que los responsables del PP, cuando aplicaron los vetos, "ya sabían que incumplían la Constitución porque había precedentes" con sentencias anteriores del alto tribunal, aunque "contaban" con la lentitud de la Justicia y que el fallo "saliera una vez finalizada la legislatura", con lo que las preguntas no podrían recuperarse.
"Esta resolución es un precedente importantísimo porque el más alto tribunal español nos da la razón en nuestro trabajo y demuestra que las Corts han vulnerado el derecho de los diputados y, por extensión, de los valencianos". Me pregunto por qué ese interés en no responder y qué esconden", enfatizó Morera.

PSPV: "Moción de censura al PP"
Oltra se felicitó por la celeridad del Constitucional en resolver este recurso, un año y medio (la primera demanda tardó casi tres años), lo que denota el enfado del tribunal con las Corts por ignorar sus decisiones. Y las que vendrán. Aparte de los tres recursos pendientes de Compromís, el PSPV, por boca de Carmen Ninet, recordó que recurrió a la censura a más de 350 preguntas sobre los contratos con empresas Gürtel y otras firmas relacionadas con actuaciones polémicas del PP. Para Ninet, el fallo es "una moción de censura democrática ante el intento del PP de obstaculizar la labor de control al Gobierno de la Generalitat por la oposición".