La ex militar a la que no renovaron su puesto de trabajo en el Ejército tras dar a luz, Gloria R. G., insistió ayer en que los mandos de su unidad en Valencia la discriminaron por quedarse embarazada. El Ministerio de Defensa negó ayer la supuesta discriminación y aseguró que la mujer no acreditó documentalmente que estaba esperando un hijo. Un portavoz de Defensa afirmó que la ex soldado no había pasado las pruebas físicas desde 2005 y manifestó que el Ejército «aplica una política muy avanzada de protección a la maternidad».
Gloria R. G., como ayer adelantó Levante-EMV, ha demandando ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo al Ministerio de Defensa por un presunto trato discriminatorio tras no ser renovada en el Ejército a finales de 2008. La mujer no pudo realizar las pruebas físicas ya que tenía un embarazo de alto riesgo —sufrió dos abortos— y los médicos le prohibieron realizar esfuerzos. No obstante, el Ministerio de Defensa alega que no le renovó el contrato porque no presentó un informe que justificara su incapacidad. La denunciante asegura que sí entregó el informe.
Gloria R. G. declaró: «Espero que ninguna otra embarazada pase mi calvario en el Ejército. Me han discriminado por mi embarazo». La ex militar estaba destinada en el Regimiento de Transmisiones de la base de Marines en Valencia. Actualmente, ella y su marido están en paro y se han trasladado a vivir con su hijo de veinte meses a Valladolid.
La denunciante incidió en que «era obvio que mis superiores sabían que estaba embarazada. Me siento engañada. Cuando di a luz me dijeron que no me preocupara de nada y a las dos semanas de reincorporarme descubrí que no me iban a renovar el contrato». El marido de la mujer precisó que lo más importante para ellos era formar una familia. «Han pisoteado los derechos fundamentales de mi esposa. No existe la igualdad de género en el Ejército. Hemos querido denunciar los hechos para que no se vuelvan a repetir. No somos los únicos», añadió.
Denuncia «sin sentido»
La versión del Ministerio de Defensa es diametralmente opuesta. Un portavoz del departamento de Carme Chacón reiteró que no tiene sentido la denuncia de la ex militar porque «la política de protección a la maternidad se lleva con rigor. Está regulada por medio de un reglamento, que se cumple a rajatabla. Los hechos objetivos son que no se sometió a las pruebas y que no pidió un aplazamiento. Nuestras medidas de protección a la maternidad son de las más avanzadas del mundo y por eso nos extraña la denuncia. No hemos tenemos ningún documento que acredite su versión».
Francisco Hernández Sánchez, abogado valenciano de la demandante, manifestó que sí probaron documentalmente que no se podía someter a las pruebas. La ex militar también reiteró: «Tengo justificantes que acreditan que desde el principio mi embarazo era de alto riesgo. Ellos lo sabían. El coronel se enteró y no sé por qué dicen que es falso. Yo envié toda la documentación a Madrid».
El abogado de la ex soldado declaró que la demandante «habría pasado las pruebas físicas en condiciones normales. El letrado lamentó la persistencia de «mentes cuadriculadas» en el seno del Ejército, que amparándose en «normas internas» apartan del cuerpo a una mujer por «el simple hecho de estar embarazada».
En su demanda, la ex militar reclama que se le reincorpore al Ejército y que se le indemnice con los salarios que ha dejado de percibir desde que perdió su puesto.
