´Valencia y Canarias son las regiones con más conflictos urbanísticos´

ARÁNZAZU FERNÁNDEZ ARRECIFE
El magistrado de la sala tercera del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, considera que la Comunitat Valenciana y Canarias son "las regiones con más conflictos urbanísticos". Fernández Valverde, de vacaciones en Lanzarote, asegura en una entrevista concedida al periódico La Provincia (del mismo grupo editorial que Levante-EMV) que los casos judiciales del urbanismo valenciano "son consecuencia de que ha existido una legislación específica y muy agresiva en un momento determinado". Y añade que "el mayor índice de conflictividad urbanística por metro cuadrado en todo el país son los casos del urbanismo valenciano y Canarias, en concreto, la provincia de Las Palmas".
Preguntado si es partidario de restar competencias a los ayuntamientos en materia urbanística, el magistrado asegura que "el urbanismo se decide a nivel de técnicos y arquitectos y no existe esa capacidad de intervención política en el mismo". Fernández Valverde no cree que "sea un problema de quitar competencias a los ayuntamientos, sino dejarlas estrictamente en cuestiones técnicas. Los ayuntamientos han perdido la objetividad en sus propios controles internos al contratar a gusto de cada institución a los cuerpos nacionales que han existido como Intervención, Tesorería o Secretario General".
El magistrado del Supremo admite que el "gran conflicto diario" que afronta el alto tribunal son los derribos en ejecución de sentencias de ilegalidades de "15 ó 20 años antes. Si no se pueden llevar a cabo esas ejecuciones materiales por lo menos obligar a algún tipo de compensación urbanística. El que ha sido infractor no se puede ir de rositas, bien cumpliendo su sanción o contribuyendo al planeamiento general de una u otra forma".
Fernández Valverde incluso entona un mea culpa. "El Tribunal Supremo ha tardado demasiado en resolver los asuntos urbanísticos, del orden de siete u ocho años, y los juzgados de Primera Instancia tampoco han sabido adoptar en mucho casos medidas cautelares en un momento determinado de suspensión de las obras". Aunque también critica a la Administración porque "las comunidades autónomas no han vigilado suficientemente a las instituciones locales y estas administraciones han roto sus propios mecanismos internos de control".