El mes de agosto es especialmente largo para aquellos que trabajan y para los funcionarios del juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela este 2010 está siendo, sin duda, más que ningún otro. En este juzgado se tramita el "caso Brugal", que investiga las supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de la ciudad de Orihuela, causa que se ha desgajado después de tres años de escuchas telefónicas en, al menos, siete más. Una de ellas, la que afecta a la supuesta compras de partidos por el Hércules, ya fue archivada. Otras, en cambio, caso de la adjudicación del Plan Zonal (ubicación de la planta de residuos de la Vega Baja), ha regresado a Orihuela porque el magistrado de Alicante al que le correspondió por reparto considera que no es de su competencia.

Aunque el juzgado paralizó el 31 de julio cualquier trámite de esta causa hasta el mes de septiembre, coincidiendo con el hecho de que el magistrado instructor, Carlos Sanmartín, se marchaba de vacaciones, los abogados de los imputados han continuado acercándose impacientes estos días para saber si hay o habrá alguna novedad. Al letrado se le ve llegar por un pasillo prácticamente desierto y los funcionarios de guardia, casi antes de llegar, le hacen una mueca y niegan con la cabeza. Así una y otra vez. Cualquier rumor, por pequeña que sea, desencadena una visita de los letrados del tipo: "Pasaba por aquí y ¿hay algo nuevo?", pero no hay nada.

Y todo ésto se produce pese a que los letrados son conocedores de la dinámica judicial de cualquier agosto, donde prácticamente toda la actividad se reduce este mes a atender las causas con preso y a los detenidos de la guardia, pero éstos no saben cómo explicárselo a sus clientes, algunos políticos de primer nivel con mucho en juego, y máxime después de que el magistrado ampliaría el pasado mes de julio la investigación a 40 personas más; entre ellos, parte del equipo de gobierno del Partido Popular de Orihuela. Muchos ni tan siquiera se sienten imputados, un concepto judicial que, lejos de dar garantías como pretende la ley, también se ha convertido en una pesada losa porque supone informarles de que hay una causa abierta de la que se deducen indicios de delito y que su nombre, por un motivo u otro, está allí.

Para un político, estar imputado, ya es una etiqueta y en el Ayuntamiento de Orihuela reconocen que "vamos a ver páginas y páginas de periódico durante los próximos meses, pero no podemos hacer nada. Esperar y que se resuelva cuanto antes". El secreto de sumario, que dura tres años coincidiendo con las escuchas telefónicas -al menos 30, según ha constatado este diario-, sólo hacen que sembrar más desconcierto. Nadie sabe ni tan siquiera de qué se le acusa. La indefensión es total. "Mi cliente no duerme y, aunque tenga la conciencia tranquila, hasta que ésto no acabe...", asegura un abogado. Una de las primeras cuestiones que se resolverán en septiembre es qué pasa con estos 40 investigados. Pero el juez Sanmartín regresará a su despacho con un montón de recursos por resolver sobre cuestiones más de forma que de fondo y varios problemas que trasladará a la Audiencia. El más importante es qué magistrado, si de Orihuela o de Alicante, tiene que instruir el que afecta al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, por el Plan Zonal.

El PSOE asegura que la alcaldesa y seis concejales están imputados por el juez

El del PSOE en Orihuela, José Antonio Sáez, aseguró que, hasta donde él conoce, la alcaldesa Mónica Lorente y seis concejales del equipo de Gobierno están "imputados", ya que una notificación advertía a sus receptores que, en caso de ser llamados a declarar, deberán hacerlo asistidos por un abogado y un procurador. Así, Sáez opinó que Lorente "lleva escondida respecto al caso "Brugal" desde que el pasado día 6 el Ayuntamiento fue intervenido por la Policía Nacional" y que "es lamentable que el hecho más importante de la legislatura que ahora acaba sea que medio Gobierno municipal esté imputado".

"El actual servicio de basuras es el empresario Ángel Fenoll, escondido en una unión temporal de empresas a su medida", dijo el concejal de la oposición sobre UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast, al tiempo que acusó al PP de Orihuela de "seguir los pasos de un empresario condenado al menos en tres ocasiones y hoy en libertad condicional bajo fianza".