Cuatro escritos y la callada por respuesta

L. B. VALENCIA
Las residencias con plazas de accesibilidad concertadas no han estado quietas desde la reunión de junio con el secretario autonómico de autonomía personal y autonomía. El 16 de julio las empresas del Plan de Accesibilidad social remitieron un escrito a la Conselleria de Bienestar en el que "denunciábamos la situación y reclamábamos que se proceda a la renovación de los contratos".
Durante la primera quincena de agosto, algunas empresas afectadas enviaron un nuevo requerimiento a la subsecretaria de la conselleria en el que reiteraban "las consecuencias negativas de la no renovación de los contratos" porque "existe la posibilidad real de que no podamos seguir prestando el servicio en caso de no renovación". Si este es el caso requerían que se les "confirmara la decisión final de la conselleria para poder tomar a tiempo las medidas operativas y legales pertinentes".
La patronal del sector, Aerte, también tomó cartas en el asunto y remitió otro escrito a la subsecretaria del departamento que dirige Angélica Such, "instándole a una reunión urgente en la que se informe a las empresas de la decisión de la Conselleria y de la situación en la que quedarán las plazas afectadas".

Silencio administrativo
Por último, las empresas han enviado un cuarto escrito en agosto en el que requieren la confirmación de que "el silencio a los escritos presentados supone confirmación expresa de la no renovación de los contratos a los efectos de poder comunicar a los usuarios afectados los efectos" de la decisión de la Conselleria de Bienestar Social. Ninguna de estas misivas han obtenido respuesta. "A fecha de hoy no hemos recibido respuesta a ninguno de estos escritos, no se ha desmentido la información del secretario autonómico de junio ni se nos ha convocado para firmar un nuevo contrato". Ante esta tesitura, las residencias instan a las familias a "pedir directamente a la Conselleria de Bienestar Social que se renueve el contrato de concierto de su plaza". Legalmente podrían exigir a los usuarios de las residencias el pago de la totalidad del precio de la plaza, "pero es la última medida a la que queremos llegar".