Los expertos designados por los grupos parlamentarios abordan los diferentes sistemas de financiación y, en especial, el actualmente en vigor. Una conclusión alarmante es que la valenciana es de las comunidades que menos fondos destina para la financiación de servicios públicos básicos como la sanidad y la educación. Esta es una cuestión de prioridades políticas, ya que la Generalitat ha destinado ingentes recursos a grandes proyectos y eventos que podrían haberse dedicado al reforzamiento del estado de bienestar pero la comisión constata, paralelamente, que el resto de regiones ha recibido más fondos en general en el mismo período.

La situación se ha agravado con la coyuntura económica, en la que se han hundido los recursos que se nutren de los impuestos mientras el Fondo de Suficiencia se ha mostrado incapaz de paliar el descenso de fondos. De este modo, a la precaria financiación para los servicios básicos se ha unido el bache económico, con lo que la comisión advierte a los grupos políticos que hay que buscar soluciones ya que lo que está en juego es el mismo sostenimiento del estado de bienestar.

Como el sistema ya está cerrado, la comisión busca otras vías para paliar el déficit de financiación. Un parcheo que, lógicamente, está muy condicionado por la falta de margen de maniobra. Una de las medidas, ya adelantada por el PP y Compromís, es negociar con el Gobierno la no devolución de los anticipos cobrados de más por el exceso de las previsiones de ingresos del Gobierno para 2008. Las autonomías tienen que devolver 5.500 millones, de los que 635 corresponden a la Generalitat. Un pago que, en la maltrecha hacienda valenciana, resulta ruinoso, por más que el Gobierno haya aceptado cobrar en cinco años. A primeros de agosto, el jefe del Consell se desplazó a Galicia para escenificar, con su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, la reivindicación de que Madrid amplíe de cinco a diez años la devolución del exceso en los anticipos.