La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) dio ayer un puñetazo sobre la mesa al anunciar una reunión con sus asociados para este jueves donde «estudiaremos qué medidas tomaremos» para estudiar las consecuencias de la supresión de subvenciones de la Ley de Dependencia por parte del Consell.
El presidente de Aerte, Alberto Giménez, acusó a la Conselleria de Bienestar Social de «improvisar continuamente» en un campo «que admite pocas bromas». La preocupación es «grave» porque son «mil puestos de trabajo, que pueden desaparecer de un día para otro», explicó. Para el presidente de la patronal, el ejecutivo valenciano «se ha quitado la careta» porque «cada gobierno se define por sus acciones y éste demuestra que otros asuntos como los grandes eventos tienen preferencia sobre la cuestión social». Alberto Giménez tampoco quiso olvidarse de los familiares afectados y aseguró que los comprende porque «hablamos de la salud de la gente y con eso no se juega». De todas formas, el presidente de la patronal señaló tener «la confianza de que esto se solucione, porque no podemos admitir que no exista una solución».
Críticas unánimes
Desde la Asociación Empresarial de Servicios a la Dependencia (Avasede), también se sumaron a los reproches por la polémica medida y censuraron la política a seguir por el Consell que calificaron de «desastre» y que «no es cosa solamente de este año, si no que siempre es igual de calamitosa, solo que ésta es la gota que colma el vaso». El dirigente de Avasede, Rafa Marco, aseguró que lo peor tanto para familiares como empresarios es la «incertidumbre» con la que viven ya que «no tenemos nada claro aún y no podemos asegurar que sea una situación definitiva». Para Rafa Marco, la situación actual se debe «a los excesos que se permitieron y ahora con las vacas flacas no salen las cuentas».
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, compareció ayer por primera públilcamente desde que se desvelara el asunto y afirmó que la Generalitat no tiene «ninguna voluntad de reducir las plazas concertadas» para personas dependientes que mantiene «ahora mismo», y aseguró que se abona «el concierto de las plazas dentro de la normalidad absoluta».
Preguntada por una reunión de familiares de personas dependientes que viven en la residencia l'Albereda de Alaquàs con la alcaldesa de este municipio, ante la posibilidad de que pierdan su plaza como adelantó Levante-EMV, Such resaltó que no tiene conocimiento de que «ninguna persona se haya quedado sin su plaza por ningún problema que haya ocurrido en este mes de agosto».
En ese mismo sentido, la portavoz adjunta del PP en las Corts Marisol Linares aseguró que nadie «se va a quedar sin residencia» ni «en la calle» porque «todas las personas serán reubicadas» en otros centros.
Críticas socialistas
Por su parte, la portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Carmen Ninet, denunció que el «mayor pecado político» que el president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, llevará sobre su conciencia será «haber dejado en la calle a 1.800 dependientes». Ninet apuntó que «la tan cacareada moral del jefe del Consell se contradice con la crueldad de sus acciones».
