Más de 2.000 profesores con plaza fija en los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de la Comunitat Valenciana desconocen su destino para el próximo curso a diez días del arranque escolar. El tijeretazo sufrido en las llamadas "comisiones de servicio" -permisos anuales para cambiar de centro de forma provisional por razones médicas y sociales- ha puesto en vilo a los profesionales que integran el músculo educativo.
La situación se agrava al hablar de los grandes cargos docentes, uno de los grupos que durante los últimos años ha recibido un mayor número de estas autorizaciones. Sin equipo rector que haya planificado la temporada con antelación y con menos profesores en los centros, todo apunta al 2010-2011 como un año difícil para el universo educativo valenciano. A su vez, la opacidad de la administración no ayuda a esclarecer el panorama. De hecho, los sindicatos docentes -ANPE, CC OO, FETE-UGT, STEP-IV- demandan una resolución pública sobre las plazas concedidas tras los recursos presentados.
Manuel Millán, presidente de ANPE Valencia, argumentó que "el sector está nervioso y esto no beneficia a nadie. La incertidumbre causa falta de planificación y los recortes vienen uno tras otro".
Inma Sánchez, responsable de educación pública de CC OO, apuntó que "entrar en un equipo directivo es toda una responsabilidad, sobretodo en secundaria. Es muy difícil encontrar a alguien que quiera ejercerla. El recorte ha causado que muchos profesionales vuelvan a centros que ya no conocen tras no haber sido escuchados. Lo normal es que no quieran ni hacer los horarios".
Las alarmas se desataron el pasado 17 de julio, cuando Educación hizo público que desestimaba casi el 50% de los permisos que los docentes con plaza fija habían pedido (1.200 de 2.500). Tras la presión sindical, en la conselleria se comprometieron a estudiar de forma individual las quejas, adelantando que primarían las razones médicas. El proceso se dilató hasta el pasado 10 de agosto y son muchos los profesionales que aún esperan una contestación, positiva o negativa.
Francisco Javier López Zurita, secretario de Relaciones Institucionales de FETE-UGT, adelantó que "la consellería reculará en situaciones excepcionales, como mucho los recursos aprobados llegarán a los sesenta casos. El resto serán desestimados durante los meses posteriores al arranque escolar".
Zurita ahondó en las causas de la problemática, "éste es un proceso que nace pervertido. La conselleria otorga las comisiones de forma discrecional y no hay criterios objetivos. Cabe recordar que en los últimos años se han llegado a dar casi 5.500 autorizaciones".
La inexistencia de baremos ha causado que afloren casos donde priman las relaciones personales, "todo el mundo se conoce y en los últimos años se han dado bastantes. Lo que pasa es nadie se quejaba porque tenía plaza. Ahora, con el recorte, este tipo de enchufes -que podría llegar hasta el 15% de los permisos- destaca mucho más".
Decisión política
Todos los agentes consultados no dudan a la hora de depurar responsabilidades: los recortes se deben a una decisión política, "la situación se debe al rumbo marcado por Alejando Font de Mora y su secretaria autonómica. Es cierto que hay nuevas incorporaciones en la conselleria, pero lo que han hecho ha sido seguir las órdenes que vienen de arriba".
Las polémicas generadas en los últimos meses han causado que la educación se haya convertido en caballo de batalla en el inicio del curso político. Pilar Sarrión (PSPV) aseguro ayer que "cada curso escolar la C. Valenciana está peor" y lamentó "la manifiesta incapacidad del Consell en materia educativa". Marta Torrado (PPCV) le acusó de "tener una venda en los ojos, en siete años hemos construido 365 centros".
