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Un nuevo informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central (Udef) incorporado al sumario del caso Gürtel aporta nuevas pruebas sobre la supuesta financiación irregular del PP valenciano y desgrana la triple vía a través de la cual la formación que lidera Francisco Camps habría obtenido recursos fuera de los cauces legales. El documento, fechado el pasado 20 de julio, amplía uno anterior remitido al TSJM el 31 de julio de 2009 sobre el sistema de facturación y financiación del partido. A lo largo de sus 104 folios relata con detalle cómo interactuaban los responsables del partido, Orange Market y varios empresarios valencianos.
El informe señala directamente al ex secretario general, Ricardo Costa, y al vicesecretario de organización, David Serra, como los dirigentes encargadosde hacer gestiones «para conseguir fondos que disminuyeran la deuda contraída» con la empresa de El Bigotes y cifra en 405. 450 euros las entregas en dinero negro que entre febrero y septiembre de 2008 Orange Market recibió del PPCV, «sin justificación contractual de ningún tipo» y que pasaron a engrosar la caja B de la empresa.
Según sostiene la Udef en el documento elevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los actos realizados por el PPCV y el Grupo Parlamentario del PP en la Comunitat Valenciana habrían sido financiados mediante un triple sistema de financiación que incluye, en primer lugar, las «entregas realizadas por el PP con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la Caja B de Orange Market».
En segundo lugar, el informe cita «facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por ésta» y, por último, se refiere a las «gestiones realizadas por los responsables del PPCV para que empresarios cuyas empresas son adjudicatarias de contratos públicos en vigor financien los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market». Estas partidas, continúa, «se enmascaran a través de facturas ficticias emitidas por dicha sociedad a estas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios».
El informe cita expresamente a Costa —que sigue suspendido de militancia— y al diputado por Alicante David Serra como las personas que «participaron activamente» para que otras empresas financiaran la deuda contraída entre el PP y Orange Market, empresa investigada dentro de la trama Gürtel.
Tres empresas
Entre estas empresas se cita al grupo Sedesa —del que fue propietario Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell y titular de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, Juan Cotino—que habría abonado entre julio y diciembre de 2008 a Orange Market 150.800 euros; la empresa del constructor Enrique Ortiz, ex presidente del Hércules, vinculado al caso Brugal, que abonó 232.232 euros entre diciembre de 2008 y febrero de 2009; y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios, que hizo lo propio en julio de 2008 con 58.00 euros.
La Udef sostiene que «con la elaboración de las facturas falsas se trata de representar una operación mercantil imitando lo que no es, imputando como gastos en la contabilidad de Orange Market de costes que no obedecen a la actividad que esta empresa desarrolla. De esta forma, se altera la cuenta de explotación y el cálculo del Impuesto de Sociedades y del IVA, ocasionando un perjuicio para la Hacienda Pública».
Grupo parlamentario
«No existe una explicación lógica del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y/o servicios ubicadas en la Comunitat Valenciana —se argumenta en las conclusiones del informe— efectúen el pago de distintas facturas a Orange Market, cuyo importe íntegro pasa a descontar la deuda existente entre esta sociedad y el PP de la Comunitat Valenciana, así como su Grupo Parlamentario en las Cortes, salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo, sistemática de funcionamiento que se repite a lo largo del tiempo». Además, recogen las conversaciones telefónicas para poner de manifiesto las «dificultades contables de liquidez» de Orange Market al cierre del ejercicio 2008 «debido a la elevada deuda que tiene contraída con el PPCV», lo que motivó la intervención de Ricardo Costa y de David Serra «para conseguir fondos que la disminuyeran».
Para ello, añade, se realizan «entregas de dinero por los trabajos efectuados con la correspondiente justificación a través de factura, ya que son aportaciones monetarias de empresarios que se justifican mediante facturas ficticias».
El PP califica de falso el documento y defiende sus cuentas
El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) aseguró ayer en un comunicado que su financiación «es absolutamente legal» y «ha sido convenientemente fiscalizada anualmente por los órganos competentes», al tiempo que ha recalcado que el informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal «no aborda la financiación del PP». La formación popular ha señalado que «sería la primera vez que, sin disponer de una documentación esencial como es la contabilidad de un partido, se pueda resolver que es irregular». Además, indicó que se trata de «un informe falso porque no aborda la financiación del PP, un informe parcial, tergiversado y antiguo» que, en opinión de los populares valencianos, «sólo busca influir en la decisión de los jueces que deliberan en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que en este momento tienen que responder al recurso de apelación presentado por este partido». El PPCV subrayó que «este informe no es nuevo, ya que es la ampliación de un informe elaborado en julio de 2009 que fue desmontado en su totalidad» y que «forma parte de una actuación» a la que les «tiene acostumbrados el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba». Añade que «se reserva su derecho a actuar contra quienes impunemente intentan atacar el honor de este partido o contra quienes se hagan eco del mismo sin dejar claro que se trata de otra manipulación política».
La oposición cree que Camps tiene pánico a la prensa . Comunitat Valenciana
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