Torres acusa al Consell de ´fraude de ley´ con las 1.856 plazas de residencias

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA
"La Conselleria de Bienestar Social está actuando permanentemente en fraude de ley tanto con las contrataciones de las plazas de accesibilidad como con las subvenciones a los discapacitados". Así de tajante y firme se manifestaba ayer el parlamentario socialista y portavoz de la Comisión de Política Social y Empleo en las Corts, Antonio Torres.
El diputado explicó que tanto la primera como la segunda contratación de las 1.856 plazas de accesibilidad (cuya continuidad se ha visto amenazada estos días) se realizó por procedimiento negociado y sin publicidad en 2008 y 2009, respectivamente, lo que significa que la concertación de estos servicios no se publicó en el DOCV.
Torres pidió en aquellos momentos los informes jurídicos y económicos del concierto -que impulsó el entonces conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, que tenía familiares al frente de las residencias beneficiadas-para conocer qué tipo de contratos se había realizado pero no tuvo acceso a ellos.

Incumplimiento legal
La incertidumbre que los directores de las residencias sembraron entre los familiares de los dependientes el pasado 21 de agosto al comunicarles que la continuidad de esas 1.856 plazas estaba en el aire al no contar con el compromiso financiero de la Generalitat Valenciana para el último cuatrimestre de este año evidenció el incumplimiento de la Ley de Presupuestos y de Contratos de la Administración Pública que, en caso de conciertos, obliga a disponer de la correspondiente reserva de crédito para toda la anualidad.
"O han tomado el pelo a la Intervención de la Generalitat o están en connivencia con ella", agregó el socialista Antonio Torres que matizó que este año ha sido el único, desde que se autorizó la concertación, en 2008, que se ha publicado en el DOCV . En el texto se daba a conocer que las 1.856 plazas se habían reducido a 1.810, al suprimirse las de la residencia Albereda.
El parlamentario recordó que esa manera de proceder, "violenta la norma, porque en los contratos no puede haber prórrogas, sino que es una asignación anual con la reserva de crédito correspondiente.
"A los dependientes no se les podía echar a la calle como al principio se temió porque se entiende que la prestación no se renueva por trimestres, sino que en orden a la ley tiene que hacerse por un año completo", agregó el socialista.
Torres arremetió también contra la política que la Conselleria de Bienestar Social mantiene con las asociaciones de familiares de personas con discapacidad, que dan servicio a 4.500 usuarios, ya que el departamento que dirige Angélica Such publicó una resolución que autorizaba el pago del 64% del importe anual de las subvenciones para los centros, pero de esa cantidad y por la falta de liquidez solo se ha pagado el 60%.
Esta situación vuelve a situar de nuevo a estas entidades en la cuerda floja y con toda probabilidad se verán obligadas a convocar protestas para conseguir que la conselleria publique una resolución complementaria para cobrar, así, las cantidades adeudadas que les permitirán mantener la continuidad de las prestaciones.