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El vertedero y la planta de residuos del plan zonal de la Vega Baja deberán instalarse en Albatera porque es ilegal hacerlo en Torremendo, tal como pretendía la Diputación de Alicante. Precisamente esta decisión de la institución provincial dio origen al "caso Brugal", que investiga la adjudicación a la UTE Cespa Gestión de Residuos y Enrique Ortiz e Hijos y en el que entre los imputados aparece el presidente de la Diputación y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, entre otros. La sentencia que anula la adjudicación se ha dictado por el juzgado lo Contencioso 3 de Alicante, tras un recurso presentado por los vecinos de Torremendo. Los demandados (el consorcio y UTE) pueden recurrir este fallo judicial.
La juez considera que la oferta mejor valorada, según el criterio de los técnicos, era la de Cespa y Ortiz, pero en su "solución base", lo que suponía instalar el vertedero y la planta de reciclaje en Albatera. La oferta obtuvo 69,12 puntos, mientras que la de Torremendo, también de la UTE, sacó menos: 64,14. Sin embargo, el Consorcio optó por la segunda y alegó "proximidad" para justificar ante el juez la decisión, algo que no convence a la magistrada que dice que "el Consorcio adjudicó la variante 1 (planta y vertedero en Torremendo) en criterios distintos a los contenidos en dicho pliego, como el de proximidad". Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, declaró ayer que no tiene notificación de la referida sentencia y "mientras no la tenga, no voy a opinar". "He leído la noticia en los periódicos y no sé más", añadió el dirigente popular que apuntó que "cuando llegue el caso, lo estudiará la Diputación".
Cabe recordar que Ripoll fue detenido a principios de julio, interrogado durante horas y puesto en libertad con cargos, en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción. Esta actuación está vinculada a la contrata de basuras de Orihuela y en ella estaba implicado también el empresario Enrique Ortiz.
El fallo da alas al fiscal anticorrupción
La sentencia del juzgado de lo Contencioso 3 de Alicante tiene un valor incalculable para el principal acusador del "caso Brugal": el fiscal Anticorrupción Felipe Briones. Y lo tiene porque supone que, por primera vez, un juez ha dicho en una resolución que la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja es nula de pleno derecho. Y, precisamente, lo que Briones investiga desde hace tres años en una de las ocho causas en que se ha dividido este complejo asunto es ésto: si la institución provincial benefició a terceras personas al decidir la ubicación en la partida oriolana de Torremendo y no en Albatera, como aparecía en la propuesta inicial. En Derecho, los jueces de lo Contencioso y de Instrucción se escudan unos en otros para dar su parecer sobre un asunto.
