La Brigada de Blanqueo de Capitales ha llegado a la conclusión de que el Plan Zonal de la Vega Baja está viciado desde su origen con el único objeto de beneficiar, después de numerosas vicisitudes y un proceso de tres años, a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz para que el segundo se adjudicara por 20 años esta planta en terrenos del primero. También sostiene que el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, ha recibido «presuntas contraprestaciones, destacando entre ellas la concretada en dos viviendas en el centro de Alicante o su equivalente en un millón de euros o la adquisición y saneamiento de un canal de televisión local». El Cuerpo Nacional de Policía basa sus conclusiones en escuchas telefónicas –hay cientos a lo largo de tres años–, seguimientos de reuniones con políticos del PP y PSOE y documentación fiscal y registral sobre la compra-venta de los terrenos. El informe está cerrado, no falta ni la visita que Ripoll y su esposa realizaron a las viviendas en obras que los investigadores le atribuyen, pero no es concluyente. Ripoll lo ha negado todo.
La investigación arranca a finales de 2006, cuando la Diputación hace público el contrato para la adjudicación de las basuras. Faltaban cinco meses para las elecciones municipales. Siempre según el informe que obra en autos, Fenoll intentó «comprar voluntades» y para ello «configuró un entramado de colaboradores». Entre ellos se cita a Vicente Gomis, ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat; Antonio Amorós, portavoz del grupo socialista en la Diputación; y Rafael Gregory, empresario. Las conversaciones que figuran en esta pieza del sumario arrancan en abril de 2007 (probablemente Fenoll estaba «pinchado» desde enero), cuando al empresario le cuentan que su oferta para ubicar la planta no es la mejor puntuada y que los técnicos de la Conselleria se han decantado por la de la UTE Cespa-Ortiz. Era el 26 de abril. Aquello tuvo que ser una sorpresa, según se desprende del informe policial, porque los contactos de Gregory con el ente provincial le habían transmitido, «información de primera mano, relativa a la fecha de la adjudicación -el 8 de mayo-, posiblemente (fuera) Mónica Lorente, actual alcaldesa de Orihuela, para utilizarlo así como el grado de compromiso del señor Ripoll para defender su oferta (la de Fenoll) "con ojos cerrados"».
En esos momentos, y eso se investiga en otra pieza del «caso Brugal», Fenoll era el mecenas de la campaña electoral del PP de Orihuela. Por los «pinchazos» se sabe que el empresario intentó entonces cambiar el criterio de los técnicos e, incluso, que se realizara un informe paralelo que los desacreditara. Finalmente, la Diputación pospuso su decisión.
Durante esas semanas Fenoll, según la Policía, había hecho todo lo posible para ganar favores, incluso estuvo en Blanquerías –sede socialista en Valencia– y se entrevistó con José María Cataluña, vicepresidente del Patronato de la Fundación, «que al parecer ha llamado a los suyos para que apoyaran el proyecto», según el informe, o con Antonio Amorós. De las conversaciones se desprende que Fenoll se quejó a los responsables de campaña del PP de Orihuela por quedarse fuera y éstos le insistían en que «está controlado... hay mayoría absoluta... tiene Ripoll... Eh,... vamos... Está preparando el tema». Hay decenas de escuchas de esos días donde un tema recurrente son las elecciones y los votos «van todos donde tienen que ir», dicen. La Policía registró dos días después de las elecciones –en las que barre el PP– la empresa Colsur y detiene a Fenoll, su hijo y colaboradores. Entre otros documentos da valor a un contrato de asesoría con Gregory.
El 26 de julio Ripoll anuncia que se amplía el plazo de adjudicación y Gregory pasa a ser «pieza clave» porque mantiene conversaciones periódicas, para compartir información, provenientes toda ella casi en exclusiva del presidente de la Diputación». La Policía dice que la institución provincial decidió en septiembre adjudicar a Cespa-Ortiz por el informe favorable de los técnicos de la Generalitat, y que la otra opción era dejarlo desierto, pero nunca dárselo a Fenoll.
Los informes dicen que ante esta situación Gregory y Gomis consideraron que la única salida que quedaba era «llegar a un acuerdo con Ortiz que incluiría la finca adquirida por Fenoll». Es la primera referencia al empresario alicantino. Cespa-Ortiz se adjudicó la planta el 26 de noviembre de 2007. A partir de ahí, según la Policía, Ripoll y Gregory comenzaron a hablar más a menudo y se citaron en el «Meliá». Según la Policía, ese día se pudo fraguar la venta a Ortiz del terreno que Fenoll había adquirido para el Plan Zonal en otra zona de Torremendo –en La Pistola– o bien el darle a éste una participación del negocio. Días después Gregory, ya como intermediario, habló con Ortiz para hacerle ver la necesidad del acuerdo. Pero nadie tuvo en cuenta a Cespa, el socio de Ortiz en la operación, y sólo tenían un mes para alcanzarlo, porque el 3 de enero de 2008 se iba a anunciar la ubicación. Según los investigadores, se utilizaron teléfonos de seguridad para cerrar los pormenores, pero no hubo acuerdo. El Consorcio, con todos los votos a favor, anunció por sorpresa que la planta estaría en Torremendo (aunque la propuesta más puntuada de Cespa-Ortiz estaba en Albatera y una jueza acaba de decir que es la que vale). Desde ese día había dos años para poner en marcha y aún no se ha hecho. La alcaldesa, Mónica Lorente, aceptó la ubicación por «solidaridad» con la comarca.
Ese día, Ortiz recibió mil felicitaciones y Gregory habló con el presidente de la Fundación del Hércules, Ignacio Mangada, para hacerle saber «los beneficios que va a obtener Ortiz y que al parecer repercutirán en el club de fútbol (...) así como la situación creada entre éste y el presidente de la Diputación». La Policía habla aquí por primera vez de dos pisos, en la avenida Benito Pérez Galdós que «habrían sido reservadas a Ripoll». Los informes dicen que se buscó un acercamiento desde entonces entre Ortiz y el presidente de la Diputación. Éste acudió el 12 de enero al partido ante el Elche.
Pero los problemas siguieron surgiendo en el Plan Zonal porque los propietarios del suelo no estaban de acuerdo con la oferta y «se les amenazó con expropiarles las fincas». Fenoll tenía los terrenos en Las Pistolas, que ya no servían para nada, y transmitió a Gregory la necesidad de que la mesa de negociación del Consorcio no resolviera aún la ubicación. Se estaba negociando. De hecho, en abril la Policía siguió hasta un restaurante de Alicante a Ortiz que, por primera vez, comió con Fenoll en presencia de Gregory y hablanro sobre la ubicación en los terrenos del empresario oriolano, pero no huboacuerdo. Ante esta situación, el 9 de junio, el presidente del Consorcio, Ripoll, anunció que «consciente de la inquietud y sensibilidad social» se trasladaba la ubicación desde la finca de Lo Cartagena –la que presentó con alternativa Ortiz a Albatera–. Desde la Policía se cree que hubo presiones para que Ortiz aceptara el acuerdo con Fenoll.
Pacto
Por todo ello, dice la Policía, «ante la existencia de indicios más que suficientes de la existencia de un presunto pacto secreto promovido por altas instancias de la Diputación entre Cespa-Ortiz y la mercantil Proambiente, perteneciente a Ángel Fenoll, en aras a repartirse la adjudicación del Plan Zona de Gestión de Residuos (...)». La frase se escribió el 12 de mayo de 2008 para justificar «la conveniencia de proceder a la observación e intervención» del número de Enrique Ortiz.
Según se desprende de las grabaciones, mientras la Diputación anunciaba finalmene la ubicación, Ortiz mantenía una conversación con otro interlocutor en la que le habló de la opción de «compra de una finca que está al lado de una que tienen obligación de comprar (subraya la Policía) y que la definen como la media de las pistolas». Era la de Fenoll.
Y concluye el informe policial que hay «un acuerdo previsto auspiciado y dirigido por el organismo público, en este caso la Diputación de Alicante en la persona de su presidente, para adjudicar el plan zonal de gestión de residuos a la opción presentada por Cespa-Ortiz, con la condición sine qua non de adquirir la finca propiedad de Angel Fenoll».
Contraprestaciones
La Policía establece que el presidente de la Diputación, con base en sus informes, tuvo como contraprestación «dos viviendas unidades de la promoción inmobiliaria ubicada en la avenida Benito Pérez Galdós», por valor de casi un millón de euros. Sobre estos pisos la primera grabación se realiza el 6 de noviembre de 2007, cuando se detecta una conversación entre Gregory y Ripoll, «utilizando éste el teléfono de su mujer». Siempre según la Policía, el presidente estaría interesado en dos viviendas de un quinto piso, «confirmando Rafael (Gregory) que se los dejaría guardados». En conversaciones posteriores se llegó a referir Gregory a las viviendas como «el piso de.... de la Dipu (...) La promotora quiere cobrarlos –posiblemente un millón de euros»– y Rafael no quiere comprometerse sin haber cobrado previamente cierta cantidad. Ante esta circunstancia decide renunciar a los pisos y cometa que en su lugar hará entrega de la cantidad equivalente "al otro le doy yo dinero y ya está"». Ripoll visitó las obras de las viviendas junto a Gregory y sus esposas. La Policía los fotografió a los cuatro y en el informe señala sobre el abono de los mismos que en una conversación se refieren a un «tal Enrique del asfalto» y para ellos éste es Enrique Ortiz porque tiene una empresa de asfaltos y obra civil, Tizor.
¿Qué cómo sabe la Policía que es Ortiz el que pagó las viviendas para Ripoll?, a priori, porque así lo interpreta de un «pinchazo» en el que se habla del empresario y se dice que éste tiene que hacer el primer pago, «que hoy cambian lo de los limoneros, ¿eh? y los limones los recogerán cuando paguen, después de Navidad». Para la Policía, los limones son pisos, que están baratos, y se están cayendo al suelo.
Gregory, el mediador omnipresente
El hombre que hablaba con todos, que a todos conocía y que en todos los negocios mediaba. Rafael Gregory, ex presidente de la Fundación Hércules e imputado en el caso Brugal, donde pudo eludir la prisión gracias al pago de 100.000 euros de fianza (la segunda a la que ha hecho frente lo que va de año tras ser imputado también por una estafa millonaria a través de una mercantil de su propiedad, Autisa), aparece en el sumario como hombre de confianza tanto del empresario Enrique Ortiz como del presidente de la Diputación y como nexo entre ambos. De él se dice en el informe policial que obra en manos del magistrado Carlos San Martín que «es necesario destacar la persona de Rafael Gregory Fernández con quien mantiene cierta amistad y que llega a convertirse en representante de las tres partes en conflicto –Proambiente, Ortiz y la Diputación–».
De hecho, son incontables las conversaciones en las que aparece y es a él a quien Ortiz llama nada más enterarse de que había conseguido la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja para mostrarle su agradecimiengo por, precisa la Policía, «considerarle responsable en cierta medida de la decisión del órgano colegiado provincial».
A raiz de la adjudiciación aparecen varias conversaciones en las que Gregory –también amigo de Fenoll– insiste en los beneficios que puede reportar, incluso para el Hércules, el acercamiento entre Ortiz y Ripoll, a quien el empresario no deja de mandarle mensajes a través de Gregory sobre posibles encuentros para comer o hacer un viaje. La Policía matiza que «Rafael pone como ejemplo de su valía su labor en el proceso de adjudicación del plan zonal al haberle conseguido a Enrique Ortiz algo que pretendía». En otro momento del informe se apunta: «de la labor de Gregory como intermediario y su labor de acercamiento entre Ortiz y Ripoll éste parece intentar sacar un beneficio: la presidencia del Hércules».
