El cerco sobre las emisiones de la TV3 en la Comunitat Valenciana se estrecha cada vez más. El Consell anunció ayer un paquete de medidas para agilizar el cierre de los tres repetidores propiedad de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) a través de los cuales se emite la señal de la televisión pública catalana. La guerra total contra TV3 incluye, además de la reclamación al juez del cierre forzoso de las instalaciones, el endurecimiento de las sanciones por las emisiones, que el Ejecutivo quiere extender a los propietarios de los terrenos donde se ubican los tres repetidores de Acció que se mantienen activos.

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, informó en rueda de prensa que la Generalitat ha vencido los obstáculos judiciales que impedían la clausura -otros tres repetidores ya se cerraron- por lo que anunció que pedirá a ACPV el cese voluntario en la emisión y, en su defecto, la clausura forzosa a través de los tribunales. Además, anunció un cambio en la ley del audivisual a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos para incrementar la cuantía de las multas por emisiones ilegales (las graves pasarán de un mínimo de 60.000 a 500.000 con un máximo de un millón de euros), así como la incorporación de una multa coercitiva "para obligar al infractor al cumplimiento de la orden de cese y para que los propietarios de los terrenos de los repetidores asuman su responsabilidad". Además, se pretende que el cálculo de las sanciones se realice de forma acumulativa.

Por otro lado, el Consell se dirigirá formalmente a la Generalitat de Cataluña para que exija a la entidad que preside Eliseu Climent la devolución de las subvenciones que ha otorgado a lo largo de los años para el mantenimiento de la red de repetidores. También,pedirá al Ministerio de Industria que impida la emisión de televisiones ilegales.

El coordinador de ACPV, Toni Gisbert, calificó las medidas de "cortina de humo" para ocultar la situación jurídica del jefe del Consell, Francisco Camps, al tiempo que expresan "la frustración", dijo, por haber fracasado desde enero de 2007 en el intento por cerrar TV3. Gisbert señaló que quedan procedimientos judiciales abiertos y reivindicó el derecho de la entidad a pedir ayudas "donde sea". Al respecto, se preguntó por qué "es la única asociación que no recibe ni un euro de las instituciones gobernadas por el PP".