La Conselleria de Educación ha trasladado a la empleada de un instituto de Educación Secundaria (IES) que denunció que estaba sufriendo acoso laboral, pero no ha tramitado ningún expediente para investigar la situación en el centro educativo.

Así lo indica en una sugerencia la Sindicatura de Greuges, que considera que "el traslado de la víctima no constituye la solución del problema, ni tampoco es excusa para no tramitar o archivar expedientes de esta naturaleza".

La institución fiscalizadora recibió la queja de la trabajadora de un instituto que denuncia haber padecido "acoso laboral y abuso de poder" por parte de un compañero del centro en el que trabajaba.

Tras poner los hechos en conocimiento del Comité de Riesgos Profesionales, este órgano le manifestó que era obligación de la Dirección Territorial de Educación comunicarle "su situación de presunto acoso psicológico, y no lo hizo, lo cual constituye una presunta ocultación de documento", explicó el Síndic, José Cholbi.

Al respecto, puntualizó que si bien la Conselleria de Educación puso en marcha "los mecanismos previstos por la ley, éstos no han llegado a alcanzar los fines legalmente establecidos".

La actuación del departamento de Alejandro Font de Mora, afirmó el Síndic, "se ha ceñido al informe emitido por el inspector de Educación que tiene adscrito el IES y nada más". Cholbi lamentó que "no se ha llevado a cabo ninguna evaluación por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del sector docente", con el argumento de que ante la situación actual de la trabajadora, "no procede la evaluación del puesto de auxiliar de gestión".

En este sentido, la Sindicatura abogó por la aplicación del Estatuto del Empleado Público, una medida de protección creada "para evitar las situaciones de acoso cada vez más habituales". Esta normativa establece que las personas que ejecuten cualquier tipo de actuaciones tipificadas como acoso laboral o "mobbing" serán separadas del servicio que estén realizando e incluso podrán ser despedidas.

El Síndic advirtió además de que, según un estudio sobre mobbing en la Administración pública, "el sector público es un caldo de cultivo muy propicio para que se generen situaciones de acoso laboral". La estructura organizativa de la Administración suele estar "excesivamente reglamentada" e incluso obsoleta a este respecto".