El Gobierno de Camps se encuentra en el furgón de cola en España en el gasto por habitante destinado a los servicios públicos esenciales, educación, sanidad y protección social, según revela el alarmante informe de la Comisión de Expertos independientes nombrados por todos los grupos de las Corts que hoy el conseller de Economía, Gerardo Camps, entregará a la Cámara. El documento, avanzado ayer por Levante-EMV, desvela que la Comunitat Valenciana ocupa el penúltimo puesto en inversión per cápita en políticas de protección social (sólo está peor Baleares) y el antepenúltimo en educación y en sanidad. Los datos se refieren a 2007 -último año del que se disponía de liquidaciones- pero la situación se arrastra, alerta, desde hace años: El dinero dedicado a educación está por debajo de la media desde 2004; desde 2003 en sanidad; y en políticas sociales desde antes de 2002. La Generalitat, con datos de 2008, es la última en gasto total por habitante, a 26,33 puntos de la media.

Los expertos achacan los escalofriantes datos a la insuficiente financiación, muy por debajo de la media estatal por habitante, una situación que sufre la Comunitat Valenciana desde hace tres décadas, asegura el documento. Esto es, desde el inicio del autogobierno y los sucesivos sistemas de financiación avalados por el PSPV y el PPCV por mor de los acuerdos políticos firmados sin basarse -censura- en un análisis de las necesidades de gasto. En el anterior modelo Zaplana, la Comunitat pasó de unos fondos per cápita del 92,1% en 1999 al 85,1% de haberse mantenido en 2009, cuando entró en vigor el nuevo sistema. El Consell, justifica, ya dedica el 82,2% de sus fondos a este gasto social, lo que le deja un estrecho margen.

Salva los grandes proyectos

El permanente menor nivel de recursos -más de diez puntos por debajo de las comunidades de similares competencias a lo largo de 25 años- es la causa fundamental, recalca el informe, del elevado endeudamiento de la Generalitat, el argumento esgrimido por el Consell, ya que, para afrontar el resto de políticas ha tenido que acudir a la deuda. Es más, llega a afirmar que la inversión en grandes proyectos y ocio no explica la deuda, ya que no llegaría ni a suponer el 10% del endeudamiento. No obstante, introduce una puya a las políticas del PP al indicar que otra cuestión sería analizar el impacto sobre la deuda de la "explosión" del sector público valenciano, como es el caso de RTVV, si bien apunta que en eso la Comunitat no ha sido una excepción.

Tal como informó ayer este periódico, el informe denuncia que el nuevo modelo no resuelve el problema, ya que, aunque la Comunitat avanza en financiación por habitante, seguirá muy lejos (con el 92%) de la media estatal. Tan es así que en 2011, cuando el sistema complete su aplicación, el Consell dejará de ingresar 732 millones al no tener los mismos fondos per cápita que la media. Entre 2001 y 2008, la Comunitat perdió 3.400 millones por la no actualización de la población, que habrían reducido la deuda. Todo ello, unido a la crisis, hace peligrar el sostenimiento de los servicios públicos, llega a advertir, por lo que insta a impulsar un consenso social y político para lograr una solución.

Criterios "ad hoc" que priman a Cataluña y dañan a Valencia

El informe de los expertos designados por todos los grupos de las Corts, incluida la oposición (PSPV y Compromís), hace un durísimo análisis al analizar el actual modelo del Gobierno, para llegar a la conclusión de que en algunos fondos se aplican criterios "ad hoc" para beneficiar a determinadas comunidades, como Cataluña. En otros, en cambio, la vara usada es diferente, de forma que la Comunitat sale muy perjudicada en los recursos per cápita.

Así, el incremento de la población registrado por las comunidades en los último años, que justificó el cambio de modelo, sólo se aplica a una parte de los recursos adicionales aportados por el Gobierno: en 2009 a 3.675 de los 10.253 millones. Además, el concepto "población ajustada" incluye ponderaciones que penalizan a la Comunitat, como la de repartir los fondos en función del porcentaje de personas reconocidas como dependientes, sin tener en cuenta que en el futuro la valenciana pueda ponerse al día.

Otro ejemplo es el Fondo de Competitividad, que se reparte por población y no por la situación respecto a la media de cada uno. Asimismo, se permite que entren al reparto comunidades que están por encima de la media pero que caen por debajo como consecuencia de su capacidad fiscal. Es el caso de Cataluña.