Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas tras la comparecencia a petición propia de Fabra en el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, en la que el presidente de la Diputación se ha negado a responder a las preguntas de la Abogacía del Estado y de la acusación popular.
Su declaración se ha prolongado durante una hora y cuarto, tiempo en el que ha contestado a preguntas de su abogado, del juez y del fiscal sobre diferentes "operaciones" relacionadas con la causa.
Preguntado al respecto por los periodistas, el fiscal ha dicho que no ha encontrado "elementos" para "cambiar nada" en su escrito de acusación y ha subrayado que Fabra se ha limitado a ejercer "su derecho a la defensa, y punto".
Sobre el procedimiento judicial, ha dicho que quedan pendientes de resolver tres recursos en la Audiencia Provincial en los que la defensa alega la prescripción de los delitos fiscales entre el año 2000 y 2003, el sobreseimiento de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, y la invalidez de la transformación del caso en un procedimiento para el jurado.
Hay además otros dos recursos de apelación -uno de la acusación popular y otro de la defensa- pero hasta que la Audiencia de Castellón no se pronuncie sobre los anteriormente citados "no puede seguir el procedimiento adelante", ha explicado.
Con respecto al plazo en que podría celebrarse el juicio, ha señalado que "lo ideal" sería que fuese durante la próxima primavera, aunque "depende" de lo que tarde la Audiencia en resolver las apelaciones.
No obstante, y "con el tiempo que ha pasado" -desde que se inició la causa-, ha reconocido que no se atreve a pronosticar "ningún plazo".
Fabra ha salido de los juzgados sobre las 13.00 horas acompañado por su hija y diputada nacional, Andrea Fabra, y ha sido aclamado por simpatizantes del PP al grito de "presidente, presidente", mientras que un grupo de personas convocado por Esquerra Unida ha reclamado "prisión" para el dirigente popular.
Según el escrito de acusación del fiscal, que reclama una pena de 15 años de prisión, Fabra medió ante cargos del Gobierno de José María Aznar para agilizar la concesión de licencias de productos sanitarios de la empresa Naranjax S.L, administrada por el empresario Vicente Vilar y su ex esposa -ambos imputados en el caso- y solicitó después el pago de 25 millones de pesetas por la gestión.
