La idea que baraja el PP valenciano de llevar a los tribunales al síndic socialista en las Corts, Angel Luna, por la polémica de las obras que hace más de una década realizó en su domicilio el constructor alicantino Enrique Ortiz precisa encaje jurídico. En la complicada búsqueda del mismo están centrados los populares, quienes, según las fuentes consultadas, barajan presentar una querella contra Luna con el fin de poderle imputar un delito de cohecho impropio por haberse quedado con un coche del citado empresario.

Esta vía jurídica —tratarían de relacionar la propiedad del vehículo con la relación entre ambos cuando Luna era alcalde de Alicante— no es la única que en estos momentos se explora en el seno del PP valenciano. Algunas fuentes sostienen que aunque los hechos están muy lejanos en el tiempo, en el caso del vehículo —que Luna aseguró que compró a Ortiz cuando trabajaba para él— no habría prescrito el supuesto cohecho.

Aunque en el PP son conscientes de que el caso del socialista y el que tiene contra las cuerdas judiciales al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, son muy distintos —la diferencia fundamental radica en que el socialista no tenía cargo alguno cuando realizó las obras de reforma— reconocen que en el «trazo grueso» la polémica les sirve para hacer paralelismos y tratar de minar la imagen de Luna, quien se ha convertido en el azote del jefe del Consell en las Corts.

De ahí que, pese a la dificultad de que una denuncia de estas características prospere, están escudriñando el código penal para poder dar sustento a una posible querella. No sólo eso. El PP también investiga si Luna solicitó la licencia por estas obras menores en su domicilio. En el intento de dar cierto soporte jurídico a la ofensiva contra el dirigente socialista, el portavoz del grupo popular, Rafael Blasco incluso apeló ayer al Código Civil que, en su opinión, obliga al ex alcalde de Alicante a guardar las facturas de aquella reforma.

El filón que el PP ha encontrado en este asunto conlleva riesgos ya que indirectamente pone al partido frente al espejo de sus propios problemas con la justicia. Blasco resbaló ayer cuando en una comparecencia ante los medios sostuvo que el caso del presidente era menor que el que afectaba a su homólogo. «Lo que la gente no aguanta ni tolera es que esta persona que está queriendo reclamar facturas de casos mucho menores, sea incapaz de aplicarse a sí mismo esa medicina», soltó. A preguntas de los periodistas trató de matizar sus palabras al asegurar que no se refería en concreto a las facturas de los trajes del presidente Camps.

Por su parte, Luna, preguntado por las adjudicaciones a Ortiz cuando era alcalde, aseguró que nunca había tenido que acudir a un juez para dar explicaciones sobre los contratos del ayuntamiento.