El PP pide al TSJ que Luna declare por cohecho y sus adjudicaciones a Ortiz

J. R./J. G. G. VALENCIA
La querella contra el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, firmada por la dirección del grupo popular solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la declaración como imputado del dirigente socialista por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, al tiempo que reclama la documentación relativa a los contratos adjudicados al constructor, Enrique Ortiz, en la etapa en la que Luna era alcalde de Alicante. Además, según ha podido saber este diario, los populares quieren que se aporte al tribunal todos aquellos documentos relacionados con las obras en el domicilio de Luna, así como los papeles de un vehículo que pasó a ser propiedad del socialista tras pertenecer al empresario.
Como adelantó Levante-EMV, los populares finalmente llevarán a los tribunales la polémica de las obras del portavoz socialista, una iniciativa sobre todo estratégica habida cuenta del difícil encaje jurídico que tiene una denuncia por unos hechos que ocurrieron hace mas de una década y cuya tipicidad penal es más que cuestionable.
No obstante, finalmente los servicios jurídicos del PP han encontrado el sostén jurídico para la querella, que ya está redactada y que el grupo tenía previsto llevar ayer mismo a los tribunales.
En el texto de la querella los populares consideran que Luna podría ser responsable de los delitos de prevaricación y cohecho por supuestamente haber aceptado que el constructor asumiera la factura de una reforma que hizo en su casa hace más de trece años. Los populares recuerdan que Ortiz fue el principal adjudicatario de Alicante cuando Luna era alcalde y entienden que las obras y el vehículo pudieran ser una dádiva con la que el constructor "agradeció" los contratos posteriormente. Entiende el PP que los hechos no habrían prescrito y que podrían se constitutivos de un delito de cohecho a pesar de que entonces Luna llevaba tres años fuera de la vida política. Es más, también ven indicios de posible delito por el hecho de que Luna pasó a ser contratado por el constructor alicantino. Los populares ponen en cuestión la legalidad de las adjudicaciones, muchas de ellas realizadas mediante fraccionamiento. La petición de documentación se extiende también a la empresa de Ortiz.
Otra de los elementos probatorios solicitados por los populares son los documentos de Tráfico donde consta la titularidad del coche que pasó a manos de Luna y los datos de la Seguridad Social.