Definitivamente, las declaraciones de renta no se le dan bien a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castelló. El hombre fuerte del PP de la provincia -hoy acusado de fraude fiscal al dejar de ingresar al fisco una cuota de 880.000 euros- ya tuvo sus primeros problemillas con los inspectores de Hacienda en el año 1999, cuatro años antes de que un empresario, Vicente Vilar, se querellara contra él en los juzgados de Nules por cobrar comisiones millonarias. En aquella época, Anticorrupción ni siquiera había empezado a tirar de la madeja de cuentas, cheques y préstamos que atrapa ahora al líder provincial del PP.
Según se desprende de la declaración judicial que Fabra hizo ante el juez de Nules el pasado jueves, los problemas fiscales comenzaron hace once años. "He tenido una inspección de Hacienda en el año 1999 y mi mujer también. Pero nos devolvieron el dinero", asegura Fabra en su comparecencia. ¿Quién le devolvió el dinero? ¿Por qué le inspeccionaron las cuentas ya en el año 99? Ninguna de estas cuestiones las aclaró Fabra ante el juez, como tampoco dijo que en aquellos días de finales de la década de los 90, Juan Costa Galindo, padre de Juan Costa Climent, ex ministro de Ciencia y Tecnología, era delegado de Hacienda en Castelló -un cargo dependiente del Gobierno central-.
Juan Costa empezó como inspector y escaló puestos hasta llegar a ser el máximo responsable de la delegación de Hacienda hasta la victoria del PSOE en el año 2004.
En su declaración judicial, Fabra asegura que cuando fue requerido para aclarar sus cuentas aportó "toda la documentación que se me requirió". "La inspección fue un poco rara, porque la tenía que haber hecho un funcionario de Hacienda", insinuó el presidente de la diputación.
Pero si la inspección no la hizo un funcionario del Estado, como marca la ley, ¿quien fiscalizó entonces el patrimonio personal del político popular? ¿Supervisó Juan Costa padre aquel expediente?
A preguntas de su abogado, Carlos Fabra intenta salir del jardín en el que se ha metido y aclara: "Dicha inspección fue muy detallada y me atribuyeron una ganancia patrimonial no justificada, que fue aclarada".
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado quince años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargo público para el presidente de la Diputación de Castelló por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública. En total, los inspectores le acusan de dejar de ingresar una cuota de más de 880.000 euros entre los años 1999 y 2004. Así consta en el escrito de calificación que el fiscal ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, que el pasado 1 de julio decidió continuar el procedimiento abierto contra Fabra, su esposa, María Amparo Fernández Blanes; el empresario Vicente Vilar y su ex mujer, Montserrat Vives Plaja. El fiscal pide también cuatro años de cárcel para Vilar y su ex mujer y ocho para la esposa de Carlos Fabra por fraude fiscal. Además, solicita para el presidente de la diputación diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa total de 2.330.000 euros por cinco delitos de fraude fiscal y uno de cohecho continuado.
Linares acusa al fiscal de acosar a su líder
La secretaria provincial del PP de Castelló, Marisol Linares, calificó de "vergonzoso" que el fiscal Anticorrupción considere que el juicio contra el presidente de la Diputación provincial, Carlos Fabra, "debería estar resuelto antes de primavera, casualmente antes de las elecciones municipales y autonómicas".
Linares realizó estas declaraciones en un comunicado tras conocer las afirmaciones del fiscal Anticorrupción en las que consideraba que el juicio contra Carlos Fabra podría haber terminado antes de la próxima primavera, coincidiendo con las semanas previas a la campaña electoral de las comicios municipales y autonómicos de 2011.
Según la dirigente popular, "esto demuestra la política de acoso y derribo de la Fiscalía hacia la persona que más ha hecho por esta provincia, Carlos Fabra".
Linares recordó que Fabra dijo el pasado jueves que el "único compromiso que los socialistas han cumplido en Castelló" ha sido el que en la campaña electoral de 2004 hizo el candidato Jordi Sevilla, cuando "anunció que si ganaban las elecciones" le "mandaría" a la Fiscalía Anticorrupción para investigarle.
Por su parte, el presidente en funciones de la diputación, Francisco Martínez, contestó ayer a las declaraciones del concejal socialista, Juli Domingo, quien criticó el uso de cuatro escoltas por Fabra en su comparecencia en los juzgados. "Un presidente de la diputación lo es las 24 horas del día, no a tiempo parcial. Y debe de llevar la escolta que corresponde a la importancia de su cargo. Al igual que sucede con el presidente del gobierno cuando visita a su familia en León. Y el número de escoltas lo deciden lo técnicos en esa materia", añadió.
