A diferencia del debate del año pasado en el que Camps trató de dar un golpe de efecto con el anuncio de una rebaja fiscal a las rentas más bajas, ayer no hubo medidas estrella, sino una catarata de compromisos, algunos de ellos de difícil cobertura presupuestaria habida cuenta la crítica situación de las arcas de la Generalitat. Camps, que reiteró que el empleo es su principal preocupación, centró en este ámbito su primer anuncio de calado: el de reclamar al Gobierno central las transferencias de las bonificaciones a la Seguridad Social en materia de contratación laboral, aunque matizó que "en la medida en que no afecte a la caja única".

La exigencia, que en la práctica implica pedir el grueso de las competencias de empleo que el País Vasco ha arrancado a Zapatero a cambio de apoyar los presupuestos generales del Estado, supondría gestionar directamente 280 millones de euros cada año. Además, Camps anunció una Agencia Valenciana del Emprendedor.

Al margen del empleo, el presidente presentó un decálogo de compromisos sociales y económico que, dado el plazo de ejecución de muchos de ellos (hasta el 2020 en algunos casos), parecían más un programa de gobierno para la próxima legislatura.

En materia de inversiones, el plato estrella de las propuestas fue el anuncio de un Plan Extraordinario de Inversiones de 2.000 millones de euros hasta 2014 para "suplir" los recortes del Ministerio de Fomento. Eso sí, Camps, que no especificó cómo le dará cobertura presupuestaria, pidió implicación de las cajas de ahorro al advertir que este plan "necesita del compromiso de las entidades financieras valencianas con nuestras empresas, para que éstas se comprometan con nuestro futuro".

Pero no todo serán alegrías en el gasto. Sin el boato del año pasado, Camps anunció un segundo plan de austeridad que ahondará en el tijeretazo en el gasto y en el que se abre la puerta a reducir el número de funcionarios. Camps -que presumió de que durante su mandato sólo había crecido el número de personal docente, sanitario y de Justicia- habló de la realización de "un estudio específico de puestos vacantes y de la plantilla de empleados públicos que necesita nuestra administración". Aunque no fue más allá, fuentes de su entorno admitieron que el Consell estudiará "con seriedad" la situación del empleo público y que no descarta un reajuste.

En materia de ahorro, Camps exigirá a todos sus consellers recortes de hasta un 15% en materia de consumo energético y se comprometió a llevar a cabo "una profunda revisión" de las subvenciones y transferencias de capital.

En materia fiscal, reiteró que no subirá los impuestos y avanzó medidas dirigidas a jubilados y pensionistas, aunque no precisó en qué consistirán.