El presidente Camps aludió ayer a la posible ubicación en el municipio de Zarra de un almacén de residuos nucleares, pero de manera muy tangencial. Expresó su rechazo, pero su oposición sonó tibia. La referencia se produjo a colación de los supuesta discriminación a la que Zapatero tiene sometida a la Comunitat Valenciana. "Nos niegan el agua, las infraestructuras, la financiación, la seguridad y nos ofrecen lo que nadie quiere. No estoy dispuesto a que se tomen decisiones que afectan a la Comunitat Valenciana sin hablar con el Gobierno valenciano", aseguró el presidente. Fue la única alusión a este asunto que tiene en armas a partidos, vecinos y grupos ecologistas.
El jefe del Consell no desaprovechó la ocasión para hacer un guiño a los constructores a cuenta de polémica urbanística. Tras recordar las conclusiones del Abogado General del Tribunal Europeo, que avala la ley urbanística valenciana, Camps cargó contra aquellos que "no sienten orgullosos de ser de esta tierra" e "insultan a aquellos que hacen posible el desarrollo territorial" en un claro guiño a los constructores. A ellos brindó el anuncio de una reforma de la ley para agilizar un 50% y se comprometió a poner en marcha en menos de seis meses cuarenta medidas para ahorrar tiempos, reducir costes e impulsar la actividad.
