El alcalde de Ayora, Manuel López, y la quincena de imputados por las protestas contra la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Zarra, a quienes la Guardia Civil detuvo el lunes acusándoles de delitos de desobediencia, desórdenes públicos y contra la seguridad del tráfico, finalmente no serán juzgados a través de un juicio rápido, sino que se abrirán diligencias previas ordinarias.
Así lo aseguró en la mañana de ayer el portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Zarra, José Cerdà, ante la puerta de los juzgados de Requena. Se atendía de esta manera la petición de los abogados de la Plataforma y de Greenpeace, que reclamaron el archivo de la causa o, en última instancia, el inicio de diligencias previas para arrancar un proceso legal según los cauces habituales.
De todos modos, los detenidos -17 según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, 14 según el delegado del Gobierno- declararon ante la juez en la mañana de ayer, pese a que no se llegará a una resolución inmediata del caso.
Los acusados fueron llamados en grupos de tres, siendo el alcalde de Ayora el primero en comparecer ante la magistrada. El edil socialista, al que también se le imputa como instigador de las protestas, defendió a su salida del juzgado que actuó como "moderador" de las reivindicaciones y "nunca como instigador", y sostuvo que "no había motivo para lo sucedido", unos hechos ante los que se mostró "sorprendido".
Durante la comparecencia ante la juez de los denunciados, más de 300 personas se manifestaron en el Ayuntamiento de Ayora en señal de protesta por las detenciones y de solidaridad con la quincena de detenidos.
Tras la toma de declaraciones, la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Requena dejó en libertad a las 17 personas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Eso sí, fuentes de la Plataforma informaron que Tráfico hizo saber ayer que a los participantes en la ralentización del tráfico en la autovía A-31 se les sancionará con una multa de 500 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir.
Concentraciones "pactadas"
Desde la Plataforma basan su defensa en que los actos de protesta del pasado domingo 21 de septiembre fueron "pactados" con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. Según Cerdà, "todas las concentraciones de la semana pasada fueron pacíficas y se pactaron previamente con las autoridades en Madrid, incluso el tiempo que iban a durar y cuándo tenían que finalizar".
Cerdá destacó que en ninguna de estas protestas se produjo incidente alguno, y manifestó que si las detenciones, las cuales calificó de "desmesuradas", son "un intento de asustar, no lo van a conseguir".
Por su parte, David Sandoval, miembro de la junta directiva de Greenpeace en España, lamentó estas detenciones y aseguró que el juicio quedará "en nada".
Según aseguró el directivo de Greenpeace, la Guardia Civil fue "muy literal" en su atestado y relató los delitos "como si se hubieran producido en su grado máximo", motivo que llevó a la juez a citar a los detenidos a un juicio rápido.
Pero Sandoval defiende que "esto no sucedió", ya que "en todo momento se colaboró" con las autoridades. Así, continuó, la Guardia Civil "reguló el tráfico" durante las protestas y "no se impidió el paso a vehículo alguno ni se puso en grave peligro la circulación".
Por su parte, la coordinadora general de EU en las Cortes, Marga Sanz, reclamó explicaciones al delegado del Gobierno en la C. Valenciana, Ricardo Peralta, por lo que consideró un "intento de silenciar a la ciudadanía".
