Que PSPV y Valencia CF alcancen un acuerdo satisfactorio para ambas partes que permita la retirada del recurso contencioso-administrativo que el grupo municipal socialista interpuso en febrero de 2008 contra la reclasificación del Mestalla no se antoja un camino de rosas. No lo ha sido ni siquiera pactar una tregua para, como ha sucedido, aplazar dos meses la sentencia y permitir al partido de Jorge Alarte y al club que preside Manuel Llorente negociar una salida extrajudicial.

Han tenido que salvar obstáculos y neutralizar a quienes, como el Ayuntamiento de Valencia o el Consell no tenían ningún interés en el aplazamiento. La propia alcaldesa Rita Barberá se negó a dar su aval al primer borrador de acuerdo entre Alarte y Llorente para pedir la suspensión del fallo. En ese texto se pedían 60 días de prórroga para que las "partes" pudieran "negociar" un acuerdo fuera de los tribunales.

Las partes realmente interesadas en negociar son el PSPV, por interés político, y el Valencia CF, para dar seguridad jurídica de una operación en la que le va su supervivencia como club. Pero, en puridad, las partes son el partido, como autor del recurso, y el ayuntamiento -por la modificación del PGOU y aprobación del PAI de Mestalla, en febrero de 2007- y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, que asentó esa decisión municipal el 22 de noviembre de 2007.

Al indicar en la petición al TSJ que las partes pedían tiempo para negociar se estaba incluyendo al gobierno municipal, que no tiene ningún interés político en desatascar un conflicto que, de cara a la opinión pública, está circunscrito al club de fútbol y el PSPV. De ahí que el letrado municipal rechazó la propuesta y obligó a Alarte y Llorente a reformularla. Es más, si la alcaldesa Barberá se avino a avalar esa demanda de 60 días al TSJ para buscar una salida fue porque el presidente del Valencia CF se lo pidió y como concesión a los intereses del club.

En la segunda versión, la que finalmente se entregó al TSJ el pasado viernes y que fue aceptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativa este lunes, se indicaba simplemente que la "totalidad de las partes personadas en el presente procedimiento (...) solicitan a la Sala la suspensión del referido proceso por el plazo máximo de 60 días al no perjudicar al interés general o a tercero...". No se hablaba ya del motivo por el que se solicitaba el aplazamiento, sino que simplemente se pedía conforme a ley. Paradójicamente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ expuso en su auto de aceptación de la prórroga que la misma se concedía para que las partes puedan mantener una "negociación". El Alto Tribunal daba por hecho que la petición de una suspensión del fallo respondía al interés del PSPV y el Valencia CF en la búsqueda de un acuerdo.

Alarte y Llorente tienen ahora dos meses para buscar un acuerdo que convenza a los doce concejales socialistas para que firmen la retirada del recurso. La inclusión de VPO en la parcela de Mestalla sería una salida aceptable para el grupo dado que equipararía la operación a la del campo del Levante UD, pero no es fácil que Valencia CF y ayuntamiento se avengan a cambiar el PAI en esa línea.