El equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de Orihuela rechazó ayer destituir como miembros de la Mesa de Contratación y Junta de Gobierno a los tres ediles imputados en el caso Brugal -Ginés Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía-, tras la petición formulado por el Grupo Socialista.
El voto mayoritario de los populares impidió que prosperará la moción durante el pleno ordinario celebrado ayer, cuya repercusión ciudadana y social estuvo fuera y dentro del edificio consistorial.
Instantes antes del inicio del pleno una decena de militantes de Izquierda Unida y del Partido Comunista se concentraron ante el ayuntamiento para protestar por "los casos de corrupción" sucedidos en la comarca alicantina de la Vega Baja.
Algunos interrumpieron en el pleno y mostraron pancartas con el lema "Contra la corrupción, movilízate", en referencia a la investigación judicial que trata de determinar supuestas irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja.
Poco después, mientras el concejal de Contratación, David Costa (PP), usaba su turno de palabra este grupo de personas abandonaron el salón plenario entre gritos y mensajes, como "Costa, algún día el pueblo te juzgará" y "algún día caeréis, fascistas".
Por lo que respecta al debate plenario, el voto mayoritario de los populares impidió que prosperará la iniciativa socialista durante el pleno.
El concejal socialista Carlos Bascuñana explicó durante la defensa de la moción que los concejales, imputados por delitos "graves", deben dar "explicaciones y aclaraciones públicas".
Los tres concejales populares quedaron en libertad sin fianza, aunque imputados, el pasado 9 de julio, después de ser detenidos tres días antes en relación con presuntos delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias y revelación de información a funcionarios. Bascuñana aseguró que si estos concejales no dan explicaciones, deben ser cesados.
El concejal popular Antonio Lidón respondió que dichos concejales "se defenderán, pero no aquí".
La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, dijo que es la oposición la que debería dimitir por "judicializar la política y presentar denuncias, muchas archivadas por un juez".
