El futuro judicial y, probablemente político, del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se complicó ayer un poco más tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de enviar a Valencia la investigación del juez Pedreira sobre la rama valenciana de Gürtel, una instrucción que culminó en el auto dictado el pasado 27 de mayo en el que el magistrado veía indicios de nuevos delitos contra el jefe del Consell.
En concreto, en la citada resolución Pedreira se inhibía a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al entender que Camps, imputado ahora por un presunto delito de cohecho pasivo impropio en la llamada causa de los trajes, podría ser responsable penal no ya de cohecho impropio sin de cohecho puro y duro, así como de financiación irregular en el PPCV y de delitos contra la hacienda pública y la falsedad documental. El auto, que fue recurrido por el PP y que ayer ratificó la Sala de lo Civil y y Penal del TSJ madrileña, no sólo afecta a los otros tres dirigentes populares también imputados por lo trajes (Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret) a los que se les amplia el listado delitos, sino a otros tres cargos (Vicente Rambla, David Serra y Yolanda García), así como a ocho empresarios valencianos, entre ellos Enrique Ortiz y Sedesa.
El PP, personado en la causa de Pedreira como acusación popular, había intentado por todos los medios que la causa no llegara a Valencia "por no estar acreditados los hechos". Sin embargo, ayer, vio frustrado su último cartucho al perder el recurso de apelación presentado ante el TSJM. En lo fundamental -la inhibición a favor del TSJCV- la sala presidida por Francisco Javier Vieria Morante da la razón a Pedreira, si bien estima parcialmente las alegaciones del PP al matizar que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV es la "única competente para acordar sobre la relevancia penal de los hechos objeto de la inhibición (...), su posible conexión [con la causa de los trajes que instruye el juez Flors] o investigación separada, la admisión a trámite y su declaración de competencia". Dicho de otro modo, la investigación al presidente por nuevos delitos que conllevan prisión e inhabilitación no es inevitable, sino que está en manos del TSJCV, presidida todavía por Juan Luis de la Rúa cuya renovación sigue en aire. La cuestión es que la misma sala que hace un año archivó la causa de los trajes contra el presidente tendrá de nuevo que decidir. La presión será enorme tras el revés que supuso para los magistrados la posterior decisión por unanimidad del Supremo de reabrir la instrucción.
El auto del TSJM, de apenas seis folios, no entra en el fondo de la cuestión -no analiza los hechos asumidos por Pedreira en su auto- y se limita a fundamentar por qué Pedreira actuó correctamente al inhibirse a favor de Valencia. Indica que los hechos "de haber ocurrido" se situan en territorio de la Comunitat Valenciana por lo que "atendiendo sin más al fuero del territorio" es el TSJCV el que debe conocer de su "existencia, realidad, alcance penal y trascendencia de todo tipo". Añade, además, que los hechos se atribuyen parcialmente a personas aforadas, por lo que su investigación sólo corresponde al alto tribunal valenciano, ya que si la causa se quedara en Madrid "jamás podría tomar declaración como imputados a aforados de otra comunidad, ni practicar actuaciones a sus espaldas y sin posibilidad de tomar conocimiento de ellas y poder defenderse". Por ello, concluye la inhibición es "necesaria y consecuente".
El PP no traspasó sus funciones
Con todo, la sala echa un capote al PP, a quien el PSPV pidió expulsar de la causa, al considerar que ha velado por la aplicación de legalidad y "no ha traspasado sus funciones propias de la acusación particular". Y le da la razón en que será el TSJCV quien resolverá "si existen o no hechos de apariencia delictiva"; sobre "la admisión de la imputación" realizada por Pedreira y "la conexidad o no con los delitos" que investiga Camps. La sala no impone costas.
