El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó ayer que la localidad valenciana de Zarra es la opción "preferente" del Ejecutivo para ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares. Una apuesta que, no obstante, está supeditada a la colaboración "imprescindible" de las autoridades autonómicas y locales. Un apoyo institucional en el que, según anunció Zapatero en una entrevista en RNE, está trabajando el ministro de Industria, Miguel Sebastián.

Estas declaraciones se producen dos semanas después de que el propio Sebastián presentara en el consejo de ministros un informe técnico que defendía la opción de Zarra -el municipio del Valle de Ayora obtenía 304 puntos frente la los 300 de Ascó, la segunda clasificada- y la vicepresidenta de María Teresa Fernández de la Vega anunciara en la rueda de prensa posterior que la decisión se aplazaba hasta contar con un estudio jurídico. El Consell hizo público que Industria le había comunicado que Zarra era la localidad elegida.

Zapatero insistió ayer en que el Gobierno no adoptará una decisión definitiva hasta que no se conozcan los resultados de este nuevo análisis, pero sin poner una fecha. A su juicio, se trata de una decisión "difícil, pero necesaria". Y para defender esta tésis recordó lo ocurrido en otros países: "La ubicación de este tipo de almacenes siempre es contestada en un primer momento, aunque después se genera desarrollo en la zona".

El presidente del Gobierno negó que haya "disensión" en el gabinete que preside sobre la ubicación del ATC y aclaró que lo que está haciendo el Ejecutivo es "una evaluación muy exhaustiva". El "sitio preferente" sigue siendo Zarra, pero "para que se consolide", advirtió, el Gobierno quiere que cuente con el apoyo del resto de las administraciones implicadas. La vicepresidenta De la Vega, por su parte, reiteró que se está trabajando con la Generalitat y otros gobiernos autonómicos para lograr un consenso. Mientras tanto, el delegado del Gobierno en la C. Valenciana, Ricardo Peralta, reclamó una posición decidida de las instituciones.

Todos los grupos de las Corts Valencianes aprobaron el pasado martes por unanimidad una propuesta presentada por el PP por la que "no se acepta" ninguna decisión que afecte a la instalación del silo nuclear "sin contar con la voluntad del pueblo valenciano".