El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, quiso salir ayer al paso de las informaciones que revelaban que su Consellería había aprobado un proyecto a la fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) en el que se había utilizado dinero público para la compra de dos pisos y varios garajes.

Blasco, encolerizado, mostró toda una serie de documentos que según él desmentían estas informaciones «tendenciosas» y que demostraban que el trabajo se había hecho conforme a ley. Concretamente basó su discurso en un documento, sin sello de la Generalitat ni registro de salida, que demostraría que con el dinero subvencionado por la Generalitat no se habían pagado inmuebles.

El documento, que consta de cuatro folios por cada uno de los dos proyectos realizados por Cyes en Nicaragua, está firmado por Alexandre Català Bas, subsecretario de la Consellería de Solidaridad, y tiene fecha de 8 de julio de 2010, justo tres días antes de que el expediente se cerrara por parte del Director General, Josep María Felip, y obtuviera la validez definitiva.

Este documento, que excluye la compra de los pisos y los garajes, contradice a dos certificados anteriores también firmados por Alexandre Català. En estos documentos la Consellería de Solidaridad exigió el 22 de febrero una devolución de 149.462 euros y 185.762 euros por facturas inadecuadas que no se produjo y que no afectaban a los gastos de los pisos. Es decir, validaban esa compra de inmuebles.

De esta manera, el documento de ayer esgrimido por Blasco, sin sello y a cuatro días de que se cerrara el expediente justificaría que la Cyes se habría gastado 833.000 euros de cada proyecto con facturas correctas pese a que se rechazaron casi un millón de euros por la compra de los pisos. Lo único claro es que no se exigió el retorno del dinero que en un principio se le había reclamado en los certificados de 22 de febrero.

Es curioso que este último documento revela que la fundación Cyes habría presentado facturas y justificantes por valor de 1,4 millones de euros para justificar sólo 833.000 euros.