El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, advirtió ayer de que el secreto de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes no puede crear áreas de impunidad para delinquir. Juanes impartió una conferencia en el Colegio de Abogados de Valencia centrada en la legalidad de las intervenciones de las conversaciones entre los letrados y los presos con el caso Gürtel de fondo. El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Francisco Real, confesó que decidieron organizar la conferencia tras la polémica surgida por las escuchas ordenadas por el magistrado Baltasar Garzón en el sumario Gürtel.
El presidente de la Audiencia Nacional insistió en que no se iba a referir a ningún caso en concreto, pero sí citó varias veces el asunto Gürtel. Las intervenciones del caso fueron anuladas en marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entendió que sí se había vulnerado la legalidad.
Sin embargo, Juanes explicó que el secreto de las conversaciones entre los clientes y sus abogados no puede "proteger actividades delictivas". El magistrado advirtió de que los abogados pueden ser objeto de este tipo de medidas de control incluso cuando visitan a sus clientes en los centros penitenciarios cuando existen indicios de que se está cometiendo un delito.
Límite legal
"La intervención de las comunicaciones no deber ser para ver qué descubro. En ese caso sería ilegal. La clave es la aparición de indicios delictivos", apuntó. Juanes precisó que un caso claro es el "blanqueo de dinero". El presidente de la Audiencia Nacional recordó que uno de los jueces del TSJ de Madrid se opuso a anular las intervenciones del caso Gürtel.
La sala que anuló las escuchas de las conversaciones estimó los recursos interpuestos por el presunto líder de la trama, Francisco Correa, su asesor y su primo, Antoine Sánchez, el ex secretario de organización del PP Gallego Pablo Crespo, y los abogados Manuel Delgado Solís y Antonio López Rubal.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid incidió en que "no investigándose delitos de terrorismo, estaba vedada toda intervención de comunicaciones que mantuvieran con sus letrados los imputados en prisión provisional".
Sin embargo, el presidente de la Audiencia Nacional considera que sí se pueden grabar las conversaciones en casos que no sean de terrorismo. El magistrado reiteró que son legales cuando el juez dé una razón exhaustiva y motivada para evitar la comisión de un delito.
