El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró ayer que el Gobierno «en ningún momento» se ha planteado la hipótesis de legalizar en España la gestación subrogada y defendió que está «garantizada» la seguridad jurídica de los menores con la nueva instrucción que permite inscribir en el Registro Civil a los niños concebidos en el extranjero mediante la práctica conocida como vientre de alquiler. El Gobierno ha modificado la norma dos semanas después de que un juez de Valencia dejara sin efecto la inscripción de dos hombres que figuraban como gemelos concebidos a través de una madre de alquiler en Estados Unidos.
El Foro de la Familia, como ayer informó Levante-EMV, considera que la decisión de cambiar la norma es un fraude de ley y teme que sea un primer paso para legalizar la maternidad subrogada en España. El ministro Caamaño desvincula la nueva vía abierta por el Gobierno para inscribir a los hijos de vientres de alquiler de una hipotética legalización en España de esta práctica, ya que, según puntualizó, son «temas completamente distintos». «No hemos pensado en ningún momento en modificar la ley que ahora existe», zanjó.
Respecto a la instrucción de la Dirección General de Registros y Notariados del Ministerio de Justicia que dará cobertura legal en España a los niños nacidos mediante un vientre de alquiler en el extranjero, el ministro criticó que el Partido Popular haya «mezclado deliberadamente» esta vía con una teórica legalización de la gestación por sustitución, que en España no está reglamentada, pero sí en algunos estados de EE.UU., en India, Rusia, Ucrania, Reino Unido o en Grecia.
Caamaño defendió que «se ha pensado en el interés del menor» porque «esos hijos de españoles tendrán que poder ser inscritos en España» y añadió que con la instrucción se sigue «la doctrina del Supremo en esta materia».
Garantías legales
Así, precisó que se han estipulado «garantías» de que todos los consulados y oficinas de registro van a ser «muy exigentes» para preservar que no existe «una documentación pantalla que oculte tras de sí un tráfico de niños» y que existe «un consentimiento de la propia mujer que ha decidido alquilar su vientre».
Entre las garantías del proceso, el ministro citó que los padres deberán presentar una resolución judicial del país donde es legal el contrato de gestación sustitutiva que reconozca el vínculo con el niño y que la madre ha dado su consentimiento expreso. Además, esa resolución judicial extranjera deberá ser validada por el sistema judicial español, que «verifica que se han cumplido todos los requisitos» y que se preservan «todas las garantías».
«Hemos pensado sólo en el interés del menor, pero también en garantizar que no va a haber tráfico de niños. La mayor garantía en los estados democráticos siempre es la judicial», concluyó.
