No se convocó concurso, se incumplieron de forma "generalizada" los principios de publicidad y concurrencia en las adjudicaciones, los contratos se dieron de forma "aleatoria y subjetiva", evitando "la transparencia", se fraccionaron las cantidades para burlar la ley, no se justificó de ningún modo "la urgencia" que se argumentó para amparar los repartos a dedo y no se acreditó la "capacidad ni la solvencia técnica y económica" de las empresas. Son sólo algunas de las numerosas irregularidades detectadas por un informe judicial elaborado a petición del magistrado del TSJ de Madrid Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel.
La Unidad de Auxilio Judicial ha examinado los contratos, facturas y órdenes de pago de RTVV y sus sociedades con las empresas beneficiarias de los 14.713.924 euros que el ente público pagó por la cobertura de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.
Y de esa revisión ha concluido que hubo un "incumplimiento generalizado" de la ley, por ejemplo en el hecho de que "prácticamente todos los expedientes" se tramitaron por procedimiento "de urgencia" -como avanzó Levante-EMV el 8 de abril de 2010 tras revisar los expedientes- pese a que la visita del Sumo Pontífice a Valencia no fue una sorpresa sino que se sabía desde bastante tiempo atrás.
Una urgencia muy previsible
"A pesar de conocer con la suficiente antelación los servicios que tenía que ofrecer RTVV, la falta de planificación ha tenido como consecuencia que prácticamente todos los expedientes se hayan tramitado mediante el procedimiento de urgencia", abunda el informe encargado por Antonio Pedreira.
Las trampas de RTVV empiezan por el contrato que suscribió con Teconsa, la constructora que recibió 7,49 millones por "el suministro en régimen de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía". Según el informe, esa empresa "incumplió los términos del contrato" que firmó con el ente público, que obligaba a Teconsa a ser expresamente autorizada por RTVV para cualquier subcontrata. La constructora dio el pase de la instalación de pantallas a Apogee Telecomunicaciones, una firma sevillana que pagó 957.300 euros a Pablo Crespo, el número dos de la trama Gürtel. El dinero se lo llevó en un maletín el que era mano derecha de Francisco Correa, quien utilizó a Teconsa como pantalla para que le dieran el grueso del contrato de Canal 9, según el informe que en su día elaboró la Brigada de Blanqueo de la policía judicial. Según la Unidad de Auxilio Judicial, el expediente de Teconsa se inició en abril de 2006, pese a que se conocía "al menos desde el 27 de febrero". Apogee se llevó directamente un contrato de 100.000 euros por servicios de seguridad en el V Encuentro Mundial de las Familias, p como contó este diario en exclusiva el pasado 6 de abril.
La unidad encargada de realizar la fiscalización de las adjudicaciones de Canal 9 concluye que el negocio audiovisual que generó la visita del Papa tiene las cifras siguientes: 231 facturas, emitidas por 97 proveedores, por un importe de 1.431.452,94 euros; otros 218.660 euros en 183 contratos de personal por obra y 13.038.809 euros en un total de once expedientes de contratación. El fraccionamiento del objeto del contrato es una de las irregularidades detectadas "De manera que un mismo suministro se ha fraccionado y se ha tramitado mediante tres procedimientos diferentes (contrato menor, negociado y concurso), pero siempre había un sólo licitador y una sola oferta".
El escándalo de los contratos Gürtel también salpicó al AVE
El AVE Madrid-Valencia no se ha librado de salir salpicado, si bien de forma tangencial, por el escándalo de corrupción conocido como caso Gürtel. Una de las empresas constructoras acusadas de haber accedido a pagar comisiones y sobornos a políticos para poder acceder a adjudicaciones, Constructora Hispánica, logró contratos del Ministerio de Fomento en la etapa en la que estaba bajo la batuta de Francisco Álvarez Cascos. La empresa, que era propiedad de Alfonso García Pozuelo, también ha sido imputada por el juez Antonio Pedreira, instructor del caso, por presunto delito fiscal.
Constructora Hispánica logró, sola o en UTE con otras firmas, casi 100 millones de euros mientras Cascos estuvo al frente de Fomento, para ejecutar obras en tramos de la alta velocidad entre Madrid y Valencia, que el próximo 18 de diciembre pasará a estar operativa. La mayor de las adjudicaciones del mandato de Cascos a Constructora Hispánica son el tramo entre Fuentes y Monteagudo de las Salinas (Cuenca), que se otorgó a la citada firma en UTE por casi 48 millones.
La empresa controlada por Alfonso García Pozuelo en la etapa en la que se ha visto envuelta en la polémica se ha llevado, más recientemente -concretamente, el 30 de marzo de 2007- un contrato de Fomento por 30,3 millones en UTE con Azarbe por las obras del AVE entre Caudete y Villena. García Pozuelo ha tenido que vender Constructora Hispánica a la empresa Assignia para saldar sus deudas con el fisco, según informó ayer "El País". La operación le ha servido al ya ex propietario para abonar casi 20 millones de euros a Hacienda. Sigue teniendo pendiente las acusaciones de pago de comisiones a cambio de contratos.
