El Partido Social Demócrata (PSD) es una de esas formaciones políticas que en tiempos de Rafael Blasco en el PSPV se llamaban «de cuadros». Son pocos, pero notables. Algunos tienen en común que aparecen, además de en las listas del partido, en empresas, fundaciones y asociaciones alimentadas con dinero público de la Generalitat y en territorios limítrofes o gestionados por Blasco. El número dos del entramado de ONG alimentado con ayudas de Solidaridad y Ciudadanía, Adolfo Soler Sempere, fue uno de los impulsores del PSD, la formación creada desde el Partido Socialista Independiente (PSI) de la Ribera —dirigido por Gisela Blasco, sobrina del conseller— con el ánimo de erosionar al PSPV en las elecciones municipales de 2007. Soler Sempere cerró simbólicamente la lista de los socialdemócratas al Ayuntamiento de Valencia.
Fuentes del propio partido explicaron ayer que su cargo orgánico estaba muy por debajo de su aportación. Es persona próxima a Bernardo Blasco, hermano del conseller, y uno de los hombres fuerte del partido en la sombra, según varias fuentes. Los dos estuvieron en UV y ambos fueron expulsados de ese partido en una de las incontables convulsiones internas de los regionalistas. Lo mismo que Amparo Picó, secretaria general del PSD desde mayo y persona de confianza de Soler. El número dos de este tinglado de ONG fue una de las personas que se volcaron en la puesta en marcha de una formación, el PSD, que nació con un pan bajo el brazo. La sede se ubicó en la calle Colón de Valencia y la puesta de largo se celebró en el Hotel las Arenas, un cinco estrellas, con asistencia de 355 delegados y 67 invitados.
De Lonerson a Entre Pueblos
El Partido Social Demócrata (PSD) sería, siguiendo la clásica literatura marxista, algo así como la superestructura de al menos un par de entramados. Se sabía que lo era de la red nucleada en torno a la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova), que recibió unos 6 millones en ayudas públicas, una parte desviada a empresas vinculadas a sus dirigentes. Pero el PSD está también ligado a la red de ONG que ha recibido 4,3 millones en ayudas a la cooperación y que ha derivado un tercio de ese dinero a empresas de consultoría controladas por quienes gobiernan las entidades. Entre ellos Adolfo Soler. El nombre del administrador único de Dinamiz-e y vicepresidente de la Fundación Solidaria Entre Pueblos —la consultora participó en crear la fundación— es un común denominador que hilvana una conexión entre el caso de las ONG y el escándalo de la adjudicación, en enero de 2002, de los Centros Mujer 24 Horas a la UTE formada por Tissat y Lonerson Trade, una firma dormida. La despertaron para adjudicarle ese contrato por 6,7 millones.
Esta sociedad está ahora administrada por Soler Sempere. Tras el contrato de la atención a mujeres maltratadas apareció vinculada a Augusto César Tauroni, otro ex UV igual que Soler y que Bernardo Blasco, quien fue socio de Tauroni en la constructora y empresa hortofrutícola Grupo Apelcine. Tauroni es administrador de General de Comunicaciones y Servicios (GCS), que compartía sede, teléfono y hasta empleados con Lonerson Trade.
La Federación de Asociaciones para el Codesarrollo (Fedacod) auspiciada desde la conselleria de Blasco como alternativa a la Coordinadora crítica, como avanzó este diario el 20 de septiembre, tiene de vicepresidenta a Christine Bernadette, responsable de ASA de África. El delegado en Alicante de la asociación de colombianos Aculco, una de las entidades fundadoras de la federación, es Iván Antonio Santos. Éste y Bernadette también fueron en listas del PSD en 2007.
De la Fedacod forman parte entidades que cobraron por redactar proyectos a otras ONG o pagaron a consultoras, como la propia Fundación Entre Pueblos, Ceiba, ASA de África o Esperanza sin Fronteras.
El germen del PSD está en el PSI, nacido en 1993 como respuesta del clan de los Blasco a la defenestración del PSPV del entonces conseller de la Coput —hoy de Solidaridad— y de su hermano Francisco Blasco, alcalde de Alzira.
Con el PSI como motor, con numerosos ex cargos socialistas y toda la infraestructura de Favcova creció el partido. Su ex líder, Fernando Piera, era secretario de Favcova, que tenía como presidenta a Ana María Rodríguez. Piera fue el candidato a presidente de la Generalitat y Ana María Rodríguez, se presentó a alcaldesa de Alicante.
Los resultados del PSD fueron muy discretos, pero el puñado de concejales que rascó fue suficiente para desbancar con mociones de censura a los socialistas de las alcaldías de Dénia y Calp. Meses después, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, premió a Carlos Ruiz, alma máter de Favcova, por el incendio político del PSPV de la Marina. Lo hizo asesor de Bomberos.
El Gobierno exige a Camps una explicación «lógica»
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, exigió ayer explicaciones «comprensibles y lógicas» al Consell de Francisco Camps sobre el uso de las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes y a otras ONG del entramado que recibió 4,3 millones de la Generalitat y dedicó 1,4 a pagar asesoramiento de consultoras de dirigentes de estas entidades. La Fundación Cyes logró 1,8 millones de euros para desarrollar dos proyectos en Nicaragua y desvió un 80% de esos fondos a la compra de inmuebles en Valencia.
Desde Guatemala, la responsable de Cooperación expresó su preocupación por el daño que este escándalo pueda ocasionar en la credibilidad de estas entidades dedicadas a los proyectos en países del Tercer Mundo. Rodríguez destacó que el «99% de las ONG trabajan de forma adecuada» y que la mayoría de las administraciones tienen los controles necesarios para hacer un seguimiento de las ayudas.
La sustituta de la valenciana Leire Pajín en el área de Cooperación Internacional expresó de este modo el malestar del Gobierno central ante las sospechas de un uso indebido del dinero que recibió Cyes y otras ONG comandadas por la Fundación Solidaria Entre Pueblos.
En línea con la Coordinadora
Coincidió en sus críticas con la Coordinadora Valenciana de ONG, que salió al paso del escándalo con un comunicado en el que subrayaba el peligro de que este caso provoque cierta desafección ciudadana hacia la colaboración solidaria con estas entidades.
Por otro lado, la secretaría de Estado aseguró que la cooperación con Guatemala «es un compromiso histórico». «Centroamérica es el área de América Latina más prioritaria para la cooperación española, y dentro de ella Guatemala, porque tiene índices de pobreza muy importantes», señaló la alto cargo de Exteriores. En los últimos cinco años, España ha aportado una media de 80 millones de euros al desarrollo de ese país.
