Dos de las ONG que han sido asesoradas por la Fundación Solidaria Entre Pueblos explican a Levante-EMV su relación con la matriz de la trama, que les asesoró y les preparó los proyectos. En ambos casos les facilitó las empresas con las que contratar. En ninguno acabó fraguando, uno porque se paralizó el proyecto y el otro porque los responsables de la organización consiguieron empresas que realizaban el trabajo a mitad de precio que las firmas afines sugeridas por la red.

«Fundación Solidaria Entre Pueblos se puso en contacto con nosotros y nos comentaron que podían ayudarnos en el proyecto», explicó María Pons, representante de Asamanu África, una ONG asesorada por la matriz de la trama y a la que se le concedió este año una subvención de 232.148 euros para realizar la rehabilitación de un pabellón en un instituto de Senegal. «Ellos lo hicieron todo, hasta las facturas con las empresas que contrataban, por lo que cuando nos aprobaron la ayuda no nos lo creíamos. Los máximo que nos habían dado eran 18.000 euros», argumentó, al tiempo que aseguraba que le enseñaron tres facturas pro forma «exactamente iguales pero con diferentes precios para justificarnos con qué constructora habían contratado». «Era extraño que la constructora fuera española porque allí hay empresas con suficientes garantías para desarrollar los proyectos. Pero tampoco sospechamos en el momento», afirmó.

María manifestó que «nada más ver» publicado en Levante-EMV la existencia de una red de ONG que recibía subvenciones de la Generalitat para desviar fondos a empresas afines «nos pusimos en contacto con la conselleria y con Entre Pueblos y no nos han respondido. Hasta la fecha no han dado la cara. Esperamos que nos llame la conselleria porque tenemos asuntos pendientes».

«Hacemos este gesto porque queremos desvincularnos de Solidaria Entre Pueblos, porque nosotros sólo tuvimos cuatro reuniones, nos redactaron el proyecto y nos concedieron la ayuda», argumentó. «Estamos decepcionados», lamentó.

Desde Asamanu quisieron aclarar que llevan más de diez años realizando pequeños proyectos en Senegal y que el que compartían con Entre Pueblos lo paralizaron porque la cooperación internacional iba a iniciar uno similar en la zona. «Estamos a la espera noticia de la Generalitat pero es seguro que no volveremos a trabajar con Entre Pueblos», confirmó la representante de Asamanu. «Queremos desvincularnos porque no hemos hecho nada extraño, que nuestra gente está tranquila y si les hemos causado alguna molestia que nos disculpen», sentenció.

Por su parte, Fernando Darder, presidente de Esperanza sin Fronteras, ONG que desarrolla un proyecto en Perú y que estuvo asesorado por Solidaria Entre Pueblos, quiso explicar a Levante-EMV que «la Generalitat ha sido un instrumento genial que me ha dado la oportunidad de demostrar mi valía y mi trabajo». Darder, que es premio de la Unesco por sus labores humanitarias, explicó que no tiene ninguna queja ni del trabajo de la consellería ni de Esperanza sin Fronteras, pero que tampoco había recibido una llamada desde el Consell para explicarle la situación, sí de Entre Pueblos.

Facturas a mitad de precio

Manifestó que consiguió reducir a 57.000 euros un gasto por los estudios topográficos que una de las empresas del entramado, Arcmed, «nos facturaba a 116.000 euros». «También quisieron comprar un tractor nuevo en Valencia pero se lo evité porque hay que ahorrar y los compramos allí de segunda mano», añadió. «Yo estoy encima del proyecto e intento que siempre sea lo más barato y lo mejor», añadió, al tiempo que realizaba un defensa encendida del proyecto del hospital de Haití, en el que también participa.

No ve normal y «se sale fuera de la ética», dice, que empresas de los patronos de una fundación facturen a ONG que asesoran. Además, tampoco que se compre material como azadas o rastrillos en Valencia para exportar, práctica habitual del entramado.

La Fiscalía investiga el caso de los pisos

La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, decidió ayer abrir diligencias de investigación para esclarecer la supuesta compra de pisos por parte de la Fundación Cultural de Estudios Sociales (Fundación Cyes) con cargo a dos proyectos de cooperación en Nicaragua subvencionados por la Generalitat, según confirmaron ayer fuentes próximas al caso. Gisbert remitió el asunto al fiscal delegado de Delitos Económicos y Anticorrupción, Jesús Carrasco, para que se haga cargo de las pesquisas. De momento, el fiscal sólo va a investigar la denuncia interpuesta hace una semana por el PSPV, que sólo se refería al caso de los pisos.

Fuentes de la Generalitat dudan de que la denuncia tenga recorrido judicial dado que el expediente que en estos momentos se encuentra en la conselleria tendría los documentos que acreditan la exigencia de la devolución de las ayudas.

De ahí que Blasco se mostrará tan contundente en su comparecencia ante los medios y esgrimiera certificados en los que constaba que no se admitían los pisos como justificante de las ayudas. Con todo, este papel carecía de registro de salida y membrete oficial.

Los socialistas denunciaron la semana pasada en la Fiscalía la subvención de más de 1,6 millones de euros concedida por el Consell para abastecer y tratar agua para el consumo humano y producir alimentos en Nicaragua y que supuestamente terminó destinándose a la compra de pisos en Valencia.

El conseller Blasco señaló ayer tras conocer la decisión de la Fiscalía que confía en la acción de la justicia para poner freno «a los difamadores y a los que traman una campaña de intoxicación y de desprestigio contra la cooperación valenciana». El conseller añadió que «en política no todo vale, como está dispuesto a hacer el PSPV-PSOE».

Blasco dijo el viernes que se irá a casa si el fiscal halla irregularidades en el expediente de la Fundación Cyes.

El conseller insistió en que la Generalitat no había dado ni un solo euro para la adquisición de inmuebles y mostró un documento sin sello oficial.

La Fedacod reúne a

las ONG implicadas

para que den una

explicación a los socios

El dirigente de la Federación de Asocaciones para el Codesarrollo (Fedacod), Benjamín Barrull, aseguró ayer que han visto el expediente de la Fundación Cyes «y vemos transparencia y que todo va bien. Lo vemos todo claro». La organización reunió ayer a las ONG que aparecen vinculadas al entramado para que enseñaran sus proyectos. Barrull dijo que «pedimos respeto y coherencia y afirmamos que todo lo que ha hecho la Fundación Entre Pueblos es correcto». Las ONG que explicaron sus trabajos fueron: Fudersa, Asa de Africa y Esperanza sin Fronteras.