El Gobierno valenciano exigió ayer al Ejecutivo central que "deje de arremeter contra los intereses de la Comunitat Valenciana" mediante acuerdos ideados para "mermar" sus derechos.La Generalitat reaccionó así a la decisión del Gobierno de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública de la Generalitat, al entender que vulnera la normativa estatal sobre empleados públicos y el régimen económico de la Seguridad Social. Concretamente, contra el permiso de los funcionarios para cuidar a la pareja.
La portavoz del Ejecutivo valenciano, Paula Sánchez de León, aseguró "no entender qué es lo que le empuja al Gobierno central a ofender y a atacar continuamente" a esta autonomía.
"En esta ocasión un Gobierno supuestamente progresista ha decidido restringir unos derechos sociales que por acuerdo entre la Administración del Consell y la mayoría de los representantes sindicales, están recogidos en la nueva ley, que además fue aprobada tanto por el PP, como por el PSPV en Les Corts", explicó.
Replica del delegado
Según la portavoz, "los ciudadanos tienen que saber que no se trata de un castigo a la Generalitat", sino de "una agresión directa a la Comunitat y en concreto a los más de 190.000 funcionarios que indirectamente se podían beneficiar por la nueva ley de la Función Pública Valenciana".
El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, justificó que el Gobierno está "obligado a defender la Constitución" y que el recurso viene avalado por "unanimidad del Consejo de Estado".
