Los alcaldes y alcaldesas del PP más importantes de la Comunitat Valenciana, los que gobiernan seis de las ocho ciudades de más de 75.000 habitantes, tienen motivos para estar tan indignados con el conseller Rafael Blasco como lo está Rita Barberá con Zapatero por haber prohibido a Valencia endeudarse más, tras haber rebasado el umbral consentido por el Gobierno.El borrador del decreto que regulará el Fondo de Cooperación Municipal -el balón de oxígeno económico que esperan los ayuntamientos desde 1999- excluye a 1.905.000 valencianos, el 37,4% de la población, del derecho a recibir subvenciones no vinculadas a proyectos concretos por el hecho de vivir en Valencia, Alicante, Elx, Castelló, Torrevieja, Orihuela, Gandia o Torrent.

El artículo 15.1 del decreto que prepara Blasco -que tiene las competencias de Administración Local- excluye a esos consistorios de las ayudas no finalistas, llamadas "fondo incondicionado". Esto es, el fondo municipal propiamente dicho.

En la norma ya ultimada y a la que ha tenido acceso Levante-EMV, se prevé una segunda modalidad de ayudas, que son denominadas "fondo de cooperación condicionado", compuesto "por el total de las distintas líneas de subvención que, integradas en los programas de actuación de las leyes anuales de los presupuestos de la Generalitat, tienen como beneficiarios a las entidades locales". El Consell envuelve de este modo todos los programas de la Generalitat destinados a los ayuntamientos en un papel de regalo llamado "fondo de cooperación condicionado". De esta forma podría alcanzarse la cantidad de 3.000 millones de dotación de la que habló el conseller Blasco en declaraciones a este diario.

Porque en el decreto que se prepara no hay mención, ni exacta ni aproximada, a cantidad concreta alguna sobre la dotación de la caja común de cooperación. "Vendrá determinada en la Ley de Presupuestos de la Generalitat", es todo lo que dice el artículo 5.1. La cuantía sólo "se incrementará en función de la mejora de la financiación de la Comunitat Valenciana respecto a la media nacional de financiación autonómica por habitante". De este modo, si no crece el fondo, recogido en el Estatut y en la Ley de Régimen Local valenciana, será porque desde el Gobierno central no se rebaja la discriminación de la Comunitat Valenciana respecto a la media. En los criterios objetivos de reparto del "fondo incondicionado", previstos en el artículo 17, se determina que al asignar recursos la población de derecho de cada municipio, con un coeficiente corrector por tramos de población, ponderará un 80%. "La inversa de la capacidad tributaria" baremará un 10%. Esto es, a más capacidad fiscal, menos fondos. Con lo cual se incentiva la rebaja de impuestos. El otro 10% de la nota se logrará si el municipio está en una comarca con una densidad de población inferior a 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Se compensará de este modo el factor de dispersión de la población.

Una comisión 100% de confianza controlará

Para "el seguimiento y control de la ejecución anual del Fondo se crea la Comisión de Seguimiento", dice el artículo 6 del decreto que prepara Blasco. El presidente será el propio conseller y la vicepresidencia corresponderá a la máximo responsable de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas. El secretario general de esta entidad y dos directores generales serán tres de los cuatro vocales. Las funciones de esta comisión serán proponer posibles modificaciones en las directrices y criterios de reparto del fondo, informar sobre proyectos normativos que afecten al propio fondo municipal, coordinar a los municipios o analizar el destino de las cantidades invertidas por los municipios. Son las funciones recogidas en el artículo 8 del decreto.