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El PP crea un foro para influir en jueces y fiscales ante las denuncias del PSPV

Los populares aseguran que su objetivo es "desenmascarar el uso fraudulento de la Justicia"

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JULIA RUIZ VALENCIA
El PP de la Comunitat Valenciana constituyó ayer formalmente la Comisión de Justicia y Libertades Pública del partido, un órgano que en la práctica funcionará como un lobby en el sector judicial para desacreditar las denuncias de la oposición contra cargos públicos del PP. A ocho meses de las elecciones y en pleno escándalo por la gestión de las ayudas al Tercer Mundo de la Conselleria de Ciudadanía y Solidaridad los populares se descolgaron con el anuncio de la creación de una comisión cuyo objetivo es "desenmascarar a aquellas personas que hagan un uso torticero y fraudulento de la administración de justicia buscando únicamente beneficios políticos".
Para ello, el PP plantea "una plataforma de diálogo" entre dirigentes populares y responsables sectoriales como jueces y fiscales. También prevé reunirse con secretarios judiciales, colegios de abogados, procuradores; así como con asociaciones de víctimas del terrorismo. Según la nota de prensa, el PP busca entablar con estos colectivos "un diálogo fluido" para conocer sus ideas e incorporarlas al programa electoral, aunque admiten que en el origen del foro está la "constatación de la lamentable utilización que el PSPV hace de la justicia para acosar políticamente al PP".
El PSPV llevó la semana pasada ante la Fiscalía los expedientes sobre el caso de las ayudas a Nicaragua. Hace meses se querelló contra el presidente Francisco Camps y otros cargos por presunta financiación irregular del PP en el marco del caso Gürtel. Los populares, por su parte, contraatacaron con sendas denuncias contra al síndic socialista, Ángel Luna, por presuntos delito de cohecho y revelación de secretos.
Para lograr las finalidades de la comisión, se establecerá "un calendario de reuniones con responsables sectoriales de Justicia y prestará especial atención a la utilización sectaria que el PSOE hace de las instituciones". La comisión está presidida por el secretario general del PPCV, Antonio Clemente y entre sus miembros, además, de otros cargos de la cúpula regional, está el conseller Rafael Blasco, en el punto de mira de las denuncias de la oposición. Blasco, que heredó las competencias de Justicia en el Consell, figura en calidad de síndic del PP en las Corts. También forman parte los asesores jurídicos del comité de campaña; el diputado José Marí y el abogado Enrique Fliquete.
Hace cuatro años, en vísperas de las elecciones de 1997 el PP creó una polémica comisión de expertos para vigilar al fiscal-jefe Ricard Cabedo, contra el que los populares mantenían una campaña de desprestigio. Ante la polvareda que generó la iniciativa, el PP tuvo que rectificar.

La reforma electoral habría impedido a De la Vega votar en Beneixida

La proposición de ley para la reforma de la Ley Electoral General (Loreg) registrada ayer en el Congreso contiene una modificación sobre los plazos de empadronamiento que, según denunció ayer el popular Antonio Clemente, demuestra que la actuación de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, cuando se empadronó en Benexida fue "cuanto menos irregular". De hecho, si el borrador consensuado entre PP, CiU, PNV y su propio partido, el PSOE, sale adelante la número dos del Ejecutivo no podría repetir lo que hizo en 2007 para poder votar en el municipio valenciano de Beneixida y presentarse como cabeza de lista de los socialistas en aquella comunidad. Ahora y para evitar empadronamientos con fines electorales se ampliará de uno a dos meses el plazo en el que el registro queda definido antes de la convocatoria electoral. El secretario general del PPCV insistió ayer en un acto en Aldaia que De la Vega "nunca ha vivido en Beneixida, sólo estuvo aquí para hacer campaña y votar en la provincia de la que sólo sabía que era cabeza de cartel". Clemente recordó que la cabeza de lista del PSOE por Valencia "logró su padrón con una circular de última hora de la Junta Electoral Central que avaló su cambio de residencia poco más de un mes antes de las elecciones". Para Antonio Clemente, De la Vega cometió una gran fraude con todos los ciudadanos, ya que ni siquiera ha cumplido una de las tantas promesas que realizó".

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