¿Hasta cuándo se aplazará la anulación de las sentencias franquistas que la Ley de la Memoria Histórica reconoció ilegítimas pero no declaró nulas ¿Hasta cuándo se demorará una reparación efectiva a todas las víctimas del franquismo

Poco a poco se nos mueren las personas que defendieron la República y resistieron al primer franquismo. Hace unos días nos dejó Mari Carmen Cuesta, la "peque" de las 13 rosas, a quienes sobrevivió 71 años durante los cuales permaneció fiel a los ideales por los que sus jóvenes compañeras de la JSU fueron asesinadas en 1939, 71 años durante los cuales Mari Carmen dio testimonio de aquel crimen.

Cabe recordar que Mari Carmen y sus compañeras fueron acusadas por los tribunales franquistas, como tantos otros, de "adhesión a la rebelión". Los que se alzaron contra el gobierno legítimo de la República acusaban cínicamente de "rebelión" a quienes defendían la verdadera legalidad. ¿Hacen falta más argumentos para declarar nulas esas sentencias, dictadas por tribunales ilegítimos

¿Cómo se entiende que, 35 años después de la muerte del dictador, aún se atribuya validez legal a las sentencias de los tribunales franquistas ¿Cómo se entiende que, al mismo tiempo que se homenajea a Miguel Hernández, se considere legalmente válida una sentencia que se reconoce ilegítima, como es también el caso del presidente Companys y de tantos otros ¿Tiene miedo el Gobierno de que cuestionar la legalidad del franquismo lleve a discutir los fundamentos legales de la actual monarquía, que tiene sus raíces en una decisión del dictador ¿Espera el Gobierno que la desaparición física de las víctimas directas de la sublevación franquista borre la memoria de esta ilegitimidad de origen

Si es así, van a equivocarse, porque testimonios como el de Mari Carmen no se van a perder, porque las personas que mantenemos sus ideales democráticos, republicanos y emancipadores nos hacemos eco de los mismos y continuamos y continuaremos luchando por la anulación de las secuelas del franquismo. Pero el peso de la vergüenza por el hecho de que esta anulación no se produzca en vida de aquellos y aquellas que padecieron directamente la represión de los sublevados, caerá sobre el Gobierno que los ha dejado morir sin pagar la deuda pendiente con una generación que padeció la prisión y la persecución por defender la legalidad republicana.

Y, como en el caso de Miguel Hernández, serán sus familiares los receptores de su merecido homenaje, el cual no será completo hasta la total abolición de los residuos del régimen que los persiguió.