El presidente José Luis Rodríguez Zapatero le ha quitado a Leire Pajín la gestión de las listas electorales del partido y le ha regalado las listas de espera sanitarias. El nombramiento como ministra de la hasta ahora secretaria de organización del PSOE es lo que se conoce como una patada hacia arriba. Los afines a Pajín señalaban ayer que el nuevo destino está muy, muy arriba. Y que la cartera ha sido engordada con las competencias de igualdad y política social, materias nodales de la política del Gobierno. Los contrarios a la ya ex número tres del PSOE —esto es, el grueso de la ejecutiva de Jorge Alarte, descontados el vicesecretario, Alejandro Soler, y la responsable de organización, Elena Martín— no descorchaban cava porque no es políticamente correcto. Celebraban que su gran rival en la lucha por el control del PSPV ya no tendrá la llave de las candidaturas en puertas de las elecciones. La federal tiene la capacidad para enmendar la plana a las decisiones que tome el comité nacional del PSPV, órgano que ha de ratificar la propuesta de la comisión de listas autonómica.
Pajín ya no podrá ser juez y parte, aunque ayer se apuntaba que seguirá en la ejecutiva federal como vocal. Ha llevado organización en los últimos 28 meses, un corto período comparado con sus antecesores Blanco, Ciscar, Benegas o García Bloise. Tomó las riendas en vísperas del congreso del PSPV en 2008, que José Blanco dejó a media cocción, y casi desde ese momento empezó su enfrentamiento con el hoy ministro de Fomento y principal valedor del líder de los socialistas valencianos. La crisis por la candidatura de Benidorm activó la pinza de Blanco y Manuel Chaves contra Pajín, que auspició desde la sombra la moción de censura y defiende al hoy alcalde tránsfuga, Agustín Navarro como candidato. También le han pasado factura los distintos fuegos avivados en las primarias del PSOE.
Iglesias, «alejado» de Blanco
Alarte gana margen de maniobra en el partido porque Pajín, que tiene el control absoluto de la provincia de Alicante, ya no será la número tres, lo cual no quiere decir que la ministra no seguirá usando su nueva plataforma, ahora institucional, para influir en el PSPV. Tampoco significa que el sustituto sea del agrado de Blanco. Es más, fuentes del partido afines a Pajín aseguran que la relación del todavía presidente aragonés con el ex secretario de organización es tan mala que apenas es. Fruto, según estas mismas fuentes, de enfrentamientos por cuitas internas en el PSOE de Aragón, la última de las cuales fue la oposición de Blanco a que Eva Almunia sea la candidata a presidir la Diputación General de Aragón, como relevo de Iglesias. Significaban que la número dos de Pajín, la diputada por Zaragoza Pilar Alegría, seguirá seguramente en Ferraz junto al nuevo responsable de organización. En todo caso, Marcelino Iglesias, persona de la confianza directa de Zapatero y uno de los apoyos que tuvo en el congreso de julio de 2000 que lo aupó a la secretaría general, está considerado en el PSOE como un político con mano izquierda. Estar a punto de cumplir ocho años de gobierno en coalición con los regionalistas del PAR acreditan su capacidad negociadora.
Diversas fuentes coincidían en que desde un ministerio es más fácil un hipotético desembarco de Pajín como secretaria general del PSPV o candidata en un futuro si fracasa Alarte. A esas alturas, al líder socialista ya le daría igual. Todo lo que gana Alarte en el partido lo pierde en capacidad de interlocución con el Gobierno.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega no apadrinó precisamente a Alarte y hasta mantuvo un encontronazo cuando éste le anunció su disposición a declararse insumiso contra una derogación del trasvase Tajo-Segura. Pero tenía interlocutora en Moncloa. Eso sí, puede consolarse con el mal ajeno. Porque más pierde el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, designado por De la Vega, la única a quien rendía cuentas. El hilo de comunicación entre la delegación del Gobierno y Blanquerías seguirá siendo el subdelegado Luis Felipe Martínez, miembro de la dirección del PSPV de Valencia. La presencia del PSPV en la dirección del PSOE se limita a Pajín, si sigue de vocal, e Inmaculada Rodríguez-Piñero,secretaria general de Infraestructuras en Fomento.
Senadora y ministra, como Lerma y Zaplana
Uno de los efectos colaterales de la designación de Leire Pajín como ministra es la pérdida de fuelle de su tan esperada comparecencia en las Corts para rendir cuentas de su actividad como senadora territorial. La cita, prevista en principio para el 3 de diciembre y ahora pendiente de la nueva agenda de la ministra, estaba concebida por el PP valenciano como la ocasión para acorralar a la número tres del PSOE por la moción de censura de Benidorm y la propuesta del alcalde tránsfuga Agustín Navarro como candidato independiente en listas del PSPV. Aunque Pajín sigue siendo de Benidorm y Maite Iraola, coprotagonista de aquella moción de hace trece meses, no ha dejado de ser su madre, no es lo mismo comparecer como secretaria organización que hacerlo como flamante ministra. Ya no tiene en su mano la decisión última sobre Navarro, ni sobre su posible regreso al partido y, por contra, cuenta con todo un abanico de posibilidades de defenderse políticamente.
Victimismo por transfuguismo
Podrá desplegar un catálogo de ventas de programas y planes sanitarios, en materia de igualdad o política social. Eso sí, el PP no vacilará en echarle en cara el argumentario victimista frente al Gobierno o en afearle la nula inversión estatal en el nuevo hospital La Fe, a cuya inauguración acudirá como ministra. El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, vendió ayer la especie de que si Leire Pajín puede compaginar su nuevo cargo de ministra con el puesto de senadora territorial —muy sudado, por cierto, por el boicot del PP— es «gracias a la Ley de Designación de Senadores impulsada por el Consell, que ha eliminado la incompatibilidad de ambos cargos establecida por la anterior ley de 1988».
Muy incompatible no debía de ser porque tanto el ex presidente Eduardo Zaplana (de 2002 a 2003) como su antecesor, el socialista Joan Lerma (1995 y 1996) fueron ministros —de Trabajo y de Administraciones Públicas, respectivamente— mientras ocupaban escaño de senador territorial. O era compatible o vivieron dos años en la más absoluta ilegalidad.
