El vicepresidente económico y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, ha anunciado que el Gobierno valenciano va a proceder a la venta mediante subasta del solar propiedad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) en el que se iban a construir las denominadas torres de Calatrava y que en la actualidad se encuentra "claramente ocioso".

Gerardo Camps ha comparecido en rueda de prensa junto a la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, tras la reunión del pleno del Gobierno valenciano en la que se han aprobado los proyectos de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2011 y de Acompañamiento.

El vicepresidente ha indicado que el Consell es el titular de los proyectos básico y de ejecución de las torres y ha señalado que en "cualquier momento éstas pueden ser construidas" una vez cedidos esos derechos y "si así lo entendiera un particular o privado en cualquier solar de la ciudad de Valencia", en ese mismo solar de CACSA o en cualquier otro de la Comunitat Valenciana.

Ha señalado que si quien adquiriera la parcela "estuviera interesado en los proyectos de las torres de Calatrava" la Generalitat no tendría "ningún inconveniente en cederle los derechos para que las pudiera construir en ese solar".

"Si no fuera así, los proyectos siguen siendo titularidad de la Generalitat, junto con Santiago Calatrava, y se pueden realizar en el momento en el que lo permitiera el mercado inmobiliario en cualquier espacio de toda nuestra comunidad", ha apostillado. Ha asegurado que no habrá penalización económica por no ejecutar ahora las torres.

El conseller ha avanzado la puesta en marcha para el próximo ejercicio de un plan de "optimización" del patrimonio de la Generalitat y sus sociedades dependientes, que consistirá en la venta mediante subasta de inmuebles y solares "ociosos" y con el que la Generalitat prevé ingresar un total de 392,9 millones de euros.

La medida afectará a una serie de solares que constituyen "el dominio privado de la Generalitat, no están afectos a servicios públicos y no son necesarios para el cumplimiento" de sus fines, así como a "bienes de dominio público", destinados al uso general o "afectados directamente a la prestación de servicios públicos o administrativos" de la Generalitat. Entre estos últimos se encuentran las actuales sedes de las consellerias de Industria, Agricultura y Bienestar Social, que se trasladarán al nuevo Complejo Administrativo 9 de Octubre.

Traslado al complejo 9 d'Octubre

Gerardo Camps ha precisado que este supuesto se encuentra amparado por la ley de Patrimonio valenciano y se enmarca en el futuro traslado a las nuevas dependencias del Complejo Administrativo 9 de Octubre de Valencia de determinadas oficinas administrativas de la Generalitat.

Ha señalado que dada la proximidad de la finalización de las obras de esta infraestructura --prevista para finales de 2011-- "resulta aconsejable que se produzca la transmisión de los inmuebles que en breve plazo van a quedar ociosos". "Los solares ya lo son y esos inmuebles, en apenas un año, también lo van a ser", ha remarcado.

Asimismo, ha indicado que hasta la efectiva ocupación del nuevo complejo administrativo y "en caso de que fuera necesario", la Generalitat podrá seguir ocupando los inmuebles enajenados en calidad de arrendatario, por lo que no habrá "en ningún momento una merma en la prestación del servicio público".

Ha remarcado que 90.000 metros cuadrados de los 110.000 con los que cuenta la nueva infraestructura van a ser ocupada por dependencias administrativas que en estos momentos se encuentran en inmuebles en régimen de alquiler, por lo que ha augurado que habrá "un ahorro muy importante de costes". Quedan libres 20.000 metros en los que se ubicarán dependencias que se encuentran en edificios propiedad de la Generalitat.

En concreto, se trasladarán al complejo las oficinas de las consellerias de Industria, Agricultura y Bienestar Social. De hecho, los inmuebles de dominio público afectados por el nuevo plan de optimización son las actuales sedes de las consellerias de Industria, en la calle Colón, y Agricultura y Bienestar Social, en la Alameda, en edificio conocido coloquialmente como 'La Cigüeña'; y dos locales comerciales de las consellerias de Industria y Bienestar Social, en las calles Guardia Civil y Náquera, respectivamente. El valor de tasación de estos inmuebles es de 105 millones de euros y tienen una superficie total de 17.642 metros cuadrados.

Por su parte, los solares afectados son un total de 12 repartidos por toda la Comunitat y suponen un importe global de alrededor de 20 millones de euros.

Gerardo Camps ha remarcado que el Consell "no ha decidido proceder ahora a la venta de patrimonio titularidad de la Generalitat porque la situación económica nos obliga a ello, eso sí que lo hace alguna comunidad gobernada por el PSOE", y, al respecto ha citado el caso de Andalucía, donde en sus presupuestos "aparece venta de patrimonio por valor de más de 900 millones de euros" a través de "una jugada de contabilidad financiera".

Ha destacado que como la Generalitat "ha hecho el complejo administrativo más importante y más grande de todas las comunidades autónomas nos podemos permitir el dejar la práctica totalidad de los locales arrendados o alquilados y además proceder a la venta de inmuebles" que se encontrarán vacíos una vez se produzca el traslado.