El futuro comprador del solar donde Calatrava preveía construir los tres rascacielos y que ahora el Consell quiere vender estará obligado a construir 450 VPO, según marca el planeamiento de la zona y obligan varias sentencias que se han dictado. Si no se incluyeran esta casas baratas en el futuro desarrollo del solar, los antiguos propietarios de estos terrenos que se expropiaron para construir la Ciudad de las Artes y las Ciencias podrían reclamar la reversión del suelo por vía judicial.

La exigencia de VPO tiene su origen en una sentencia que ganó la Asociación de Promotores en 1998. Como se recordará, la Ciudad de las Artes y las Ciencias se inició durante la etapa socialista con una torre de telecomunicaciones, l'Hemisfèric, el Museo de las Ciencias y un área urbanizable de 119.883 m2 de techo con suelo para colegios, servicios públicos y zonas verdes. Los suelos se obtuvieron por expropiación. La Generalitat quiso incluir usos terciarios (comercios y restaurantes) en la torre, cambio que recurrió la Asociación de Promotores en 1993. El TSJ les dio la razón en 1998, confirmada en 2000 por el Supremo, porque "no se pueden autorizar un cúmulo de usos privados (las tiendas) totalmente incompatibles con el carácter de servicio público" del proyecto. La Generalitat, ya con el PP, redactó un nuevo plan parcial de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para sustituir la torre por el Palau de las Arts, introducir l'Oceanogràfic y eliminar las reservas dotacionales que existían (los colegios y servicios públicos). La única justificación de interés social que se hizo, para cumplir la sentencia del Supremo, fue incluir en el total de la edificabilidad residencial y terciario 45.000 m2 de techo unas 450 viviendas de protección oficial.

De hecho, una sentencia del TSJ de 2003 denegó a un propietario expropiado la reversión de los terrenos en Cacsa porque "se justifica el interés social" en la zona "porque se construirán 450 viviendas protegidas".

Por otra parte, la mayor parte de los edificios que la Generalitat pondrá a la venta para cuadrar sus cuentas se adquirieron todos durante la etapa del gobierno socialista de Joan Lerma en la Generalitat. El antiguo hospital de La Cigüeña lo compró la Generalitat a mediados de los años 80 a la Caja de Ahorros de Valencia. El de la calle Colón se adquirió a finales de los 80 y sufrió una profunda remodelación, con sobreelevado incluido, que se inauguró a principios de los 90. El local de la calle Nàquera es el que alberga el Instituto de la Dona.

"Venden patrimonio para pagar facturas de la corrupción"

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, aseguró ayer que la Comunitat Valenciana "vive en un estado de alarma" y que el Consell "pone en venta el patrimonio de los valencianos para pagar las facturas de la corrupción". Para Alarte, "este estado de alarma por el futuro de la Comunitat tiene un culpable claro: un gobierno que decide vender las sedes de sus conselleries para pagar las facturas de la corrupción". Según un comunicado del PSPV-PSOE, Alarte recordó en su intervención en el comité federal del PSOE en Madrid que la C. Valenciana cuenta "por cien los imputados y son innumerables los casos de corrupción". A su juicio, está en juego "la democracia", y ha asegurado que "el cambio será posible", y se hará "desde la humildad, el convencimiento, el compromiso y la decisión colectiva de los socialistas valencianos de dar la batalla" y no amilanarse "ante tanta desvergüenza e indecencia".