Tres ayuntamientos valencianos son los primeros de España que presentarán una demanda en los juzgados para reclamar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que les devuelva el dinero del canon digital, ya que, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha cobrado de forma abusiva.

Estos consistorios son los de Teulada, Petrer y un tercero que no ha trascendido, pero que también es alicantino. Los tres han contratado al abogado de Barcelona Josep Jover, que ha defendido a la compañía de soportes audiovisuales Padawan en el pleito contra el canon digital ante la Audiencia de Barcelona y luego en el Tribunal Europeo de Luxemburgo.

No es casualidad que sean estos consistorios los que abanderen una batalla judicial a la que seguro que se suman más ayuntamientos. El de Teulada, en 2008, fue también el primero de España que se adhirió a la plataforma contra el canon digital.

El alcalde de Teulada, Antoni Joan Bertomeu, del PP, confirmó ayer a este diario que ha recurrido a Josep Jover para presentar la demanda contra un gravamen "arbitrario e injusto". Bertomeu se declaró "satisfecho" por la sentencia en la que la UE advierte de que el canon no se ajusta a la legislación europea. "A los ayuntamientos nos ha supuesto un considerable perjuicio. Nunca hemos entendido por qué debíamos pagar un canon de manera indiscriminada al comprar CD, ordenadores con grabadora o una impresora", advirtió.

Este alcalde ya ha dado instrucciones a los servicios económicos municipales para que efectúen una valoración económica de lo que ha pagado el consistorio de canon digital en sus ocho años de aplicación.

Avanzó que a finales de semana ya tendrá una estimación. A partir de ese momento, el abogado barcelonés ya podrá interponer una demanda que Bertomeu admitió ayer que no sabía en que términos se formularía.

También auguró una avalancha de recursos contra la SGAE y su polémico canon. "Los ayuntamientos se van a sumar en cadena", afirmó.

Estas demandas insistirán en que el gravamen es un abuso, ya que los equipos y soportes que adquieren las administraciones públicas y empresas no se utilizan para reproducir material protegido por derechos de autor. La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia allana el camino para este tipo de reclamaciones judiciales; concluye que el canon solo debe cobrarse a particulares.

Pero, mientras unos consistorios recurren el abogado de referencia en demandas contra el canon y aspiran a recuperar el dinero pagado, otros, como el de Castelló, optan por una vía más política. Su junta de gobierno ha aprobado los trámites para reclamar al Gobierno la devolución de un gravamen que el portavoz del PP, Javier Moliner, infiere que se creó para "devolver los favores que los artistas habían hecho al Ejecutivo de Zapatero".

En la misma línea, el portavoz del PP en las Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, manifestó que el canon digital "es ilegal para la Unión Europea, pero para los españoles es una tasa que ahoga más la débil economía que nos ha legado Zapatero". El grupo popular en las Corts presentó ayer una proposición no de ley que insta al Gobierno a eliminar el canon digital.