Los datos personales de los alumnos y de sus familias que se presentan en el colegio cuando se pide una plaza para el curso escolar no quedan restringidos únicamente a la dirección de ese centro educativo. Cualquier familia que solicite plaza y quiera comprobar la puntuación de otro alumno admitido podrá acceder a ese baremo. La Agencia Española de Protección de Datos se pliega a la Ley 30/1992 que regula Administración Pública y les reconoce que son "interesados" en ese procedimiento público y, por tanto, les permite acceder a los datos de la admisión e incluso a obtener copias de los documentos que allí se contienen.
La petición a un colegio de información -hasta ahora con la creencia de restringida- sobre otros alumnos por parte de unos padres catalanes y encontrarse con la respuesta de que sí tienen, por ley, derecho a acceder a la misma, ha pillado por sorpresa a instituciones y particulares que pensaban que esos datos eran privados.
La pasada semana, la Agencia Catalana de Protección de Datos -en Cataluña tienen derivada esta competencia estatal- emitía un dictamen en el que autorizaba a unos padres a conocer la información de otros alumnos que habían conseguido plaza en el mismo centro que ellos solicitaban para su hijo.
El asunto no estaba claro porque, en principio, el centro y la Conselleria de Educación se negaron a facilitarla. Los padres acudieron al Síndic de Greuges, quien preguntó a la Agencia Catalana de Protección de Datos y, su dictamen reveló que sí tenían acceso a la información solicitada.
Al parecer, la ley les otorga la cualidad de interesados, como representantes del menor, en el procedimiento administrativo, y por tanto tienen derecho a acceder a ese expediente.
La Agencia Española de Protección de Datos dictamina que esta "autorización" en calidad de interesado al procedimiento de la administración, en este caso escolar, supone "una excepción legal al consentimiento del interesado para la comunicación de sus datos de carácter personal".
¿Tiene límites el "interesado"?
La sorpresa y las dudas no se han hecho esperar entre diversos padres de alumnos consultados por este diario. Sobre todo porque los documentos que se presentan en la preinscripción escolar abarcan información económica, sanitaria y familiar. Los primeros interrogantes surgen en si las familias tienen acceso al documento o a conocer sólo determinadas informaciones que contiene ese documento como, por ejemplo, que se le puntúa más al alumno por renta baja, por tener minusvalías o por contar con familiares directos en el centro. Al menos, la Conselleria de Educación de Cataluña ya ha tomado cartas en el asunto e intenta comprobar los límites para unificar los criterios legales.
