El Gobierno central ha pagado 1,5 millones de euros por la adquisición del terreno en el que se construirá el centro penitenciario de Siete Aguas. En concreto, en este suelo adquirido se trazará parte de la carretera de acceso y el área de integración paisajística. El resto de las zonas necesarias para otras infraestructuras se adquirirán a través de la expropiación forzosa al no haber alcanzado un acuerdo con los propietarios.

El Gobierno ha informado de que la elección del municipio valenciano de Siete Aguas "es fruto de varios estudios que han determinado que esta zona es susceptible de albergar un centro de estas características". Asimismo, ha destacado que durante la fase de selección de los terrenos para la instalación del centro se realizó un estudio técnico que tuvo en cuenta criterios técnicos, medioambientales y económicos que posteriormente fueron desarrollados en la tramitación ambiental.

El Gobierno alega que el área seleccionada en Siete Aguas es en un 96% zona de suelo no urbanizable común, sin ningún tipo de protección, mientras que menos del 4% dispone de protección forestal. Por lo tanto, afirman que "no hay ninguna incompatibilidad en materia estratégica y ordenación del territorio".

Además, en el estudio ambiental se han analizado las posibles afecciones a las zonas protegidas de Villingordo, Sierra de la Malacara, la Microreserva de flora en Puntal de la Nevera y Umbría del Fresnal, y se ha defendido la construcción del centro penitenciario como "perfectamente compatible con las áreas protegidas.

También se han realizado las pruebas para valorar los riesgos en caso de incendio o humo que pudiera sufrir el centro penitenciario. En este análisis se ha tenido en cuenta la legislación autonómica en materia de prevención y extinción de incendios, superando los parámetros mínimos de distancias de seguridad, vías de evacuación o entorno forestal que se especifican. Se han identificado todos los impactos posibles que pudieran generarse en el centro así como las afecciones del entorno que pudieran afectar al centro con el objetivo final de compatibilizar la nueva infraestructura penitenciaria con el entorno.