La Fiscalía Anticorrupción ha visto indicios para imputar a la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y al ex portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, por su implicación en las supuestas irregularidades para la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, según el sumario del «caso Brugal» al que ha tenido acceso este diario. Los nombres de ambos aparecen en el listado de las 27 personas a las que el ministerio público pide que el juzgado investigue por estos hechos.
El sumario por las presuntas irregularidades en la ubicación del vertedero de la Vega Baja quedó paralizado en julio después de que el juez de Orihuela se inhibiera en favor de Alicante para que continuara la instrucción. Sin embargo, el juzgado de Alicante devolvió la causa a Orihuela y desde entonces está por aclarar qué magistrado debe continuar con las diligencias. Por este caso, se detuvo este verano al presidente de la diputación, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz, Ángel Fenoll y Rafael Gregory, entre otros.
Según el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, a Lorente podría imputarse un presunto tráfico de influencias y a Amorós el mismo delito, además de aprovechamiento de información privilegiada y cohecho. Ninguno de los dos está imputado formalmente, aunque ambos ya han recibido notificaciones del juzgado advirtiéndoles de que aparecen en la causa. El informe se presentó en el juzgado en junio, un mes antes de que comenzaran las detenciones por las que en julio volvió a estallar el escándalo. En cuanto a la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, el fiscal cree que ésta pudo interceder para la adjudicación a Fenoll ante Ripoll debido a intereses electorales en la ciudad de Orihuela, «señalando públicamente el lugar de emplazamiento de la finca donde se ubicará la Planta de Gestión de Residuos antes de cualquier informe técnico».
El fiscal ve indicios para imputar a dos concejales de su equipo de gobierno. Uno es el edil de Infraestructuras, Manuel Abadía, que ya estaba imputado, y el otro es el quinto teniente de alcalde, David Costa Botella. Ambos habrían presionado a un técnico del Ayuntamiento, que era el responsable municipal ante el Plan Zonal, para que informara a favor de Fenoll. El fiscal ve también indicios de delito en la actuación del coordinador de campaña de Lorente, Pedro Meseguer, por interceder a favor de Fenoll ante Ripoll. Asimismo, considera que el actual diputado de Obras, Juan Molina, también pudo cometer delito por apoyar la opción de Fenoll y llegar a reunirse con Enrique Ortiz y Ripoll para buscar un acuerdo en el vertedero.
Un hermano de Ripoll y G. Reig
Respecto a Amorós, el fiscal considera que medió ante municipios gobernados por su partido para obtener apoyos para la opción del empresario oriolano Ángel Fenoll en el Plan Zonal. Para ello se basa en las conversaciones telefónicas intervenidas a ambos y los vídeos grabados por la Policía durante sus reuniones. Asimismo, Briones apunta a que el diputado provincial pudo transmitir información privilegiada a Fenoll en relación a la adjudicación a cambio de dinero. En esta línea, Amorós habría pedido pagos para él o para algún integrante del Consorcio Provincial.
La Fiscalía ve también indicios de tráfico de influencias en la actuación del hermano de Ripoll, Ángel Ripoll, y la ex directora del Canal 9 Genoveva Reig, en calidad de responsables de Canal 37 por sus gestiones para que Ángel Fenoll inyectara capital a la cadena. Al empresario oriolano se le prometieron contraprestaciones de la Diputación a cambio de invertir en dicha empresa.
