El Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Generalitat Valenciana ha desenmascarado el intento del Consell de proceder a una profunda reforma de la Ley de Espacios Naturales escondida en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos.
El Gobierno valenciano pretende aprobar como "medida de acompañamiento" una nueva redacción de la ley que introduce cuatro capítulos y un título. "Nos hallamos-dice textualmente el CJC- ante una reforma en profundidad" en la que es necesario "valorar con mayor detención y reconocimiento" las posibles repercusiones de la norma en la legislación estatal "y más concretamente la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad".
La mayoría de los cambios introducidos desactivan la tutela del Gobierno central sobre la Red Natura 2000 y dejan en una especie de limbo legal los denominados Lugares de Interés Comunitario (LIC).
El cambio más potencialmente dañino reside en el modificado artículo 50, donde no se especifica el organismo que podrá autorizar "planes, programas o proyectos con repercusiones negativas sobre la integridad de los espacios protegidos de la Red Natura 2000". Resulta llamativo que no se diga quién tiene la competencia para apreciar "la concurrencia de razones imperiosas de interés público que justifiquen el ortorgamiento de estas autorizaciones", cuando en la legislación estatal, por el contrario, se exige que se haga mediante una norma con rango formal de ley o con un acuerdo del Consejo de Ministros.
El CJC recomienda también establecer algún régimen de protección preventiva para los Lugares de Interés Comunitario, antesala de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
De no asumir la Generalitat las recomendaciones del CJC en cuanto a las formas-debate específico - y el fondo -incrementar la protección- de los cambios que debe incorporar la ley de Espacios Naturales, los Lugares de Interés Comunitario, pese a su importancia en los esquemas europeos de protección del medio ambiente, podrán permanecer 6 años sin ser declarados ZEPA, sin disponer de un instrumento específico de protección y sin que la Generalitat haya asumido un compromiso inequívoco sobre su gestión.
