El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo de la Asociación de Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) contra la decisión del Tribunal Supremo de archivar en 2007 el caso cesiones de crédito, en el que estaba imputado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. El ex conseller de Obras Públicas con Eduardo Zaplana, Luis Fernando Cartagena, estaba implicado en una pieza separada de este caso como cliente, ya que cuando el caso saltó era aforado.
Según fuentes jurídicas, el Constitucional revisará la llamada "doctrina Botín" establecida por el Supremo, que acordó que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento, con el objetivo de salvaguardar los derechos del acusado.
El Constitucional ha dado un plazo de diez días a las partes para que comparezcan en el procedimiento de amparo.
El tribunal también ha decidido abrir una pieza de suspensión de la sentencia del Tribunal Supremo, como había pedido ADIC, lo que le ha llevado a otorgar tres días a la organización, al Fiscal y al Abogado del Estado para que se pronuncien sobre dicha solicitud, que podría conllevar el inicio del juicio oral del caso de las cesiones.
En diciembre de 2007, la Sala de lo Penal del Supremo confirmó el sobreseimiento del caso -en el que estaban acusados Botín, otros tres ejecutivos del banco y 21 clientes- que había decidido la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 al dejar sin efecto el auto de apertura de juicio oral dictado por la jueza Teresa Palacios a instancias de la acusación popular encabezada por ADIC, que denunció un posible perjuicio patrimonial de 84 millones de euros. La Audiencia archivó el caso y ADIC presentó un recurso de amparo al entender que con la decisión del Supremo se violaban derechos como el de tutela judicial efectiva.
